Antioquia enfrenta una de las crisis fiscales más delicadas de los últimos años. Así lo advierte el concejal de Medellín, Sebastián López, quien, junto al representante Daniel Briceño, ha puesto sobre la mesa una cifra que enciende las alarmas: más de $15 billones en recursos retenidos o no girados por el Gobierno Nacional.
Más que un desbalance contable, se trata —según los denunciantes— de un patrón sistemático de incumplimientos que está obligando a la región a financiar, con recursos propios, obligaciones que le corresponden a la Nación.
El sector salud concentra el mayor impacto, con un déficit que ronda los $8 billones. La intervención de varias EPS por parte del Gobierno Nacional, lejos de aliviar la situación, habría trasladado la carga financiera a los territorios.
De acuerdo con la denuncia, el 61% de la deuda hospitalaria en Antioquia proviene de EPS bajo control estatal, como Savia Salud y Nueva EPS. Esto ha generado una presión crítica sobre la red pública.
El caso del Hospital General de Medellín es emblemático: enfrenta una cartera superior a los $208.000 millones, comprometiendo su capacidad operativa y la atención a miles de pacientes.
La crisis también golpea el desarrollo de infraestructura. Antioquia reporta un faltante cercano a los $2.3 billones en proyectos clave, producto de retrasos e incumplimientos en los giros nacionales.
El Túnel del Toyo, una de las obras más importantes para la conexión del departamento con el mar, ha tenido que ser sostenido con recursos regionales ante el incumplimiento de la Nación por más de $181.200 millones. En total, el territorio ha destinado cerca de $750.000 millones adicionales para evitar su paralización.
A esto se suman proyectos como el Metro de la 80 y las Vías al Mar, donde la retención de más de $1.2 billones impacta directamente la competitividad, el empleo y la conectividad logística del departamento.
Otro frente crítico es el de EPM, que —según López— estaría asumiendo cargas que corresponden al Gobierno Nacional.
La llamada opción tarifaria representa una deuda cercana a los $3 billones, mientras que los subsidios para estratos 1, 2 y 3 acumulan retrasos por más de $1.2 billones.
Este escenario obliga a la empresa a cubrir con su flujo de caja obligaciones estatales, afectando su liquidez y su capacidad de inversión.
El panorama general refleja una presión fiscal distribuida en sectores estratégicos:
En total, un déficit que supera los $15 billones, con responsabilidades atribuidas a entidades del orden nacional como los ministerios de Salud, Hacienda y Transporte, así como a agencias como Invías.
Para Sebastián López, esta situación no es aislada ni coyuntural. Se trata de una decisión política que, en su criterio, está afectando directamente el desarrollo de Antioquia.
“La región está financiando a la Nación mientras se frenan sus proyectos y se debilitan sus instituciones”, advierte.
La denuncia abre un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno regional y el Ejecutivo liderado por Gustavo Petro, en un momento donde el debate sobre la descentralización, la autonomía territorial y la sostenibilidad fiscal cobra cada vez más relevancia.
Una ciudad en tensión: cifras que encienden las alarmas Medellín enfrenta una de sus crisis…
El Consejo de Estado y el Decreto Pensional de Petro El Consejo de Estado ha…
Un nuevo hecho de violencia en Cauca Un vehículo incinerado en la vía Panamericana ha…
Impacto del Bloqueo en el Estrecho de Ormuz Desde el inicio de la guerra en…
El resurgimiento del petróleo venezolano La industria petrolera de Venezuela, que ha estado en declive…
El Arresto de Alex Sinclair Alex Sinclair, un novelista judío de 53 años que reside…