El Gobierno de Gustavo Petro prepara la declaratoria de una nueva emergencia económica para hacer frente a las inundaciones que impactan a más de 16 departamentos, con especial afectación en Córdoba. La propuesta incluye, otra vez, modificaciones al impuesto al patrimonio como fuente de financiación. El anuncio se da en un escenario fiscal estrecho, con un faltante de COP 16 billones en el Presupuesto General de 2026 y en medio de un debate jurídico sobre el alcance de estas facultades extraordinarias y los tributos que pueden establecerse bajo ese mecanismo.
La Casa de Nariño sostiene que la medida busca responder a los efectos de la temporada de lluvias. El Ministerio de Hacienda adelantó que el plan contempla ajustes al impuesto al patrimonio, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que el decreto podría extenderse hasta 22 departamentos afectados por la emergencia climática.
Esta eventual declaratoria se produciría en un contexto de alta presión sobre las finanzas públicas, dado que el Presupuesto de 2026 aún presenta un descuadre significativo y la Corte Constitucional mantiene suspendida la emergencia económica decretada meses atrás para enfrentar el déficit fiscal.
El Ejecutivo argumenta que, a diferencia de la declaratoria anterior —cuestionada por no cumplir el requisito de imprevisibilidad—, en esta ocasión sí existe un hecho sobreviniente: un fenómeno natural que no podía anticiparse y que, según su postura, habilita el uso de este instrumento excepcional.
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¿Por qué se plantea una nueva emergencia económica?
El Gobierno sostiene que la magnitud de la ola invernal configura una situación extraordinaria que exige recursos adicionales y decisiones urgentes.
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han reportado cerca de 131 eventos que dejan más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios pertenecientes a 16 departamentos.
Córdoba figura entre los territorios más golpeados, con viviendas destruidas, daños en infraestructura y afectaciones en servicios básicos. En una comunicación dirigida a la Corte Constitucional, el presidente Petro calificó la situación como “una tragedia en curso” que requiere acciones inmediatas.
Para el Ejecutivo, estos hechos constituyen una circunstancia sobreviniente e imprevisible que justifica la expedición de una nueva emergencia económica para canalizar recursos hacia la atención de la crisis.
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¿Cuánto se pretende recaudar?
El Ministerio de Hacienda informó que, bajo la nueva declaratoria, se implementarían medidas para obtener alrededor de COP 8 billones, destinados a mitigar los daños ocasionados por las lluvias.
Según la cartera, los cambios tributarios tendrían un carácter progresivo. Se proponen ajustes al impuesto al patrimonio dirigidos a personas con patrimonios superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
El Gobierno defiende que este esquema permitiría una respuesta más rápida frente a la emergencia y facilitaría la movilización de recursos adicionales para cubrir los costos derivados de la temporada invernal.
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¿En qué consiste la figura de emergencia económica?
La emergencia económica está contemplada en la Constitución y faculta al presidente para expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan circunstancias excepcionales que alteran el orden económico, social o ecológico.
En ese marco, el Ejecutivo puede adoptar medidas extraordinarias —incluida la creación o modificación de impuestos— sin trámite previo en el Congreso.
No obstante, estas disposiciones son temporales y deben ser examinadas por la Corte Constitucional, que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos, entre ellos la existencia de un hecho imprevisible o sobreviniente que justifique la medida.
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¿Qué ocurrió con la emergencia anterior?
En diciembre pasado, el Gobierno declaró una emergencia económica con el propósito de recaudar cerca de COP 11 billones y cubrir el déficit de COP 16 billones en el Presupuesto de 2026, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
El 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente esa declaratoria mientras analiza su constitucionalidad de fondo.
La revisión se centra, especialmente, en determinar si se cumplía el requisito de imprevisibilidad que exige la Carta Política para acudir a este mecanismo excepcional.
Con la suspensión quedaron en pausa varios tributos creados bajo ese estado de excepción, así como medidas de normalización y beneficios fiscales. Hasta la decisión del alto tribunal, la DIAN había reportado un recaudo aproximado de COP 1,2 billones por estos conceptos.
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¿Qué implicaciones tiene esta nueva emergencia para las finanzas públicas?
El anuncio se produce en un momento de fuertes presiones sobre las cuentas del Estado. El Presupuesto de 2026 mantiene un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso archivara la Ley de Financiamiento que buscaba cubrir ese hueco.
Tras la suspensión de la emergencia decretada en diciembre de 2025, el Gobierno anunció recortes presupuestales para este año, aunque hasta ahora no se han expedido los decretos correspondientes que los formalicen. Paralelamente, plantea un nuevo recaudo cercano a COP 8 billones.
A este escenario se suman otras tensiones fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026 podría adicionar al menos COP 5,3 billones al déficit del próximo año y hasta COP 8 billones desde 2027. El impacto se explicaría principalmente por mayores gastos en pensiones y salarios del sector público, además de una reducción estimada de COP 2,7 billones en el recaudo del impuesto de renta.
En paralelo, el endeudamiento externo sigue siendo un factor relevante. Según el Banco de la República, en noviembre de 2025 la deuda externa alcanzó los USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8 % del PIB. Aunque registró una leve disminución frente a octubre, permanece por encima de los niveles observados a comienzos de 2025. De ese total, USD 144.546 millones corresponden al sector público.