Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un pronunciamiento conjunto este domingo 4 de enero en el que manifestaron su rechazo a las acciones militares llevadas a cabo de forma unilateral en territorio venezolano. A través de un comunicado oficial, los seis países reiteraron su compromiso con los principios del derecho internacional y advirtieron sobre los riesgos que este tipo de intervenciones representa para la estabilidad regional y la protección de la población civil.
En el documento, las naciones firmantes expresaron su preocupación por el uso de la fuerza y señalaron que este tipo de operaciones vulnera disposiciones esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas la prohibición de la amenaza o el empleo de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados. Según indicaron, estos hechos configuran un precedente peligroso para la paz y la seguridad en la región.
Asimismo, los gobiernos insistieron en que la crisis venezolana solo puede resolverse mediante mecanismos pacíficos. En ese sentido, reafirmaron que cualquier salida debe basarse en el diálogo, la negociación política y el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano, sin interferencias externas y con pleno apego a las normas internacionales. El comunicado enfatiza que únicamente un proceso político amplio e inclusivo, conducido por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible.
Los seis países también reiteraron su respaldo a la concepción de América Latina y el Caribe como una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención. En este marco, hicieron un llamado a la unidad regional, independientemente de las diferencias ideológicas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente.
Adicionalmente, el pronunciamiento exhorta al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los distintos mecanismos multilaterales a emplear sus canales diplomáticos para contribuir a la reducción de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Finalmente, los gobiernos firmantes expresaron su inquietud frente a cualquier intento de control, administración o apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela. De acuerdo con el comunicado, este tipo de iniciativas es incompatible con el derecho internacional y constituye una amenaza directa para la estabilidad política, económica y social tanto de Venezuela como de la región en su conjunto.