El presidente Gustavo Petro anunció que, en el marco de la emergencia económica declarada por los efectos de la ola invernal, el Gobierno expedirá decretos que impondrán inversiones forzosas al sector financiero.
La emergencia tiene como objetivo recaudar cerca de COP 8 billones mediante distintos ajustes tributarios y medidas extraordinarias. Dentro de ese paquete, el mandatario confirmó que se obligará a los bancos a destinar parte de sus recursos a sectores productivos afectados.
¿Qué son las inversiones forzosas?
Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado exige a las entidades financieras asignar un porcentaje de sus recursos a la financiación de actividades específicas que considere estratégicas. Estos créditos deben otorgarse bajo condiciones preferenciales, como tasas de interés más bajas o plazos más amplios.
En esta ocasión, los recursos se dirigirían principalmente a sectores productivos golpeados por la temporada de lluvias, tanto en áreas rurales como urbanas.
El presidente argumentó que la banca incumplió compromisos previos de ampliar el crédito hacia sectores productivos y que, en lugar de ello, concentró su actividad en préstamos de consumo. Según explicó, existía un acuerdo mediante el cual el Gobierno no impulsaría una ley de inversión forzosa si las entidades financieras incrementaban voluntariamente el financiamiento a esos sectores.
El papel del Ministerio de Hacienda
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que las inversiones obligatorias no serán el único instrumento para movilizar recursos. Señaló que también se impulsarán líneas de crédito con tasas compensadas a través de entidades especializadas como Finagro, el Banco Agrario y Bancóldex.
Estas herramientas buscan facilitar el acceso al financiamiento en sectores estratégicos, combinando recursos públicos con el sistema financiero.
El antecedente: el pacto por el crédito
La discusión sobre inversiones forzosas está vinculada al denominado pacto por el crédito, anunciado en agosto de 2024 tras acercamientos entre el Gobierno y el sector bancario.
El acuerdo contemplaba aumentar los desembolsos hacia construcción y mejoramiento de vivienda, industria y manufactura, agricultura y turismo. En ese momento, el presidente de Asobancaria, Jonatan Malagón, explicó que estos sectores recibían créditos por COP 199,7 billones y que la meta era elevarlos a COP 254,7 billones en un plazo de 18 meses, lo que implicaba un incremento de COP 59 billones.
Sin embargo, el presidente Petro ha reiterado que el pacto no alcanzó los resultados esperados. Aunque la Superintendencia Financiera informó en mayo de ese año que cerca del 46 % de los recursos ya se habían desembolsado, el informe más reciente —con corte al 2 de enero de 2026— indica que los desembolsos acumulados llegaron a COP 214,1 billones, equivalentes al 84 % de la meta establecida.
Avances por sector
Según el reporte oficial, los resultados se distribuyen así:
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Manufactura y transición energética: COP 127,6 billones, con un crecimiento de 11,5 % y un cumplimiento del 78,3 % de la meta.
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Vivienda e infraestructura: COP 44,9 billones, con un aumento de 28,6 % y un avance del 110,7 % frente a la meta sectorial.
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Agropecuario: COP 24,9 billones, con un crecimiento de 16,8 % y un cumplimiento del 82,2 % de la meta.
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Turismo: COP 6,9 billones, con un incremento de 28,1 % y un avance del 83,9 %.
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Economía popular: COP 9,7 billones, con un aumento de 15,5 % y un cumplimiento del 77,6 %.
Con el anuncio de las inversiones forzosas, el Gobierno busca garantizar que el crédito fluya hacia sectores considerados prioritarios en el contexto de la emergencia económica, aunque la medida anticipa un nuevo capítulo de tensión con el sector financiero.