El aumento del salario mínimo volvió a tensionar la relación entre el Gobierno nacional y el sector constructor, al abrir un debate sobre el impacto que este ajuste puede tener en los precios de la vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP). El cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y Camacol se da en un contexto en el que comprar vivienda resulta cada vez más difícil y el arriendo se consolida como la única alternativa para millones de hogares.
El presidente cuestionó a algunas constructoras, a las que acusó de trasladar el incremento del salario mínimo al precio final de la vivienda, calificando esta práctica como una posible “estafa” contra los compradores. Incluso solicitó a la Superintendencia adelantar investigaciones y al Ministerio de Vivienda suspender el giro de subsidios a quienes incurrieran en ese comportamiento.
Horas después, Camacol respondió defendiendo su postura técnica y criticando el tono del debate. El gremio aseguró que el Gobierno pasó de discutir cifras a lanzar descalificaciones y amenazas, una actitud que, según señaló, contradice el discurso oficial de diálogo. Además, recordó que los topes de precio de la vivienda VIS y VIP están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se expresan en salarios mínimos, por lo que el ajuste del salario no implica un aumento automático de los precios, sino un límite máximo permitido.
Desde el 1.º de enero de 2026, el salario mínimo se fijó en 1.750.905 pesos, tras un incremento del 23 %. Dado que los valores máximos de la VIS y la VIP se calculan en salarios mínimos, los nuevos topes legales quedaron en aproximadamente 262,6 millones de pesos para la VIS (hasta 150 salarios mínimos) y 157,5 millones para la VIP (hasta 90 salarios mínimos). Sin embargo, esto no obliga a que todas las viviendas alcancen esos valores, sino que amplía el margen máximo autorizado.
Ahí se concentra uno de los principales puntos de fricción. Mientras Camacol sostiene que no existe una decisión gremial de subir precios y que el ajuste del salario mínimo tomó por sorpresa a la economía, el Gobierno teme que el nuevo techo sea utilizado como argumento para encarecer la vivienda y trasladar el costo al comprador final. Ambas posiciones conviven en medio de un mercado que ya muestra señales claras de deterioro.
Más allá del debate, los indicadores revelan un problema estructural: cada vez menos colombianos pueden comprar vivienda. En 2025, el 40 % de los hogares vivía en arriendo, frente al 34 % registrado en 2018, según el DANE. Ese mismo año, más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda tras la cancelación del programa Mi Casa Ya, de acuerdo con cifras de Camacol, mientras que la oferta de vivienda nueva acumula 19 meses consecutivos de caída.
La reducción de la oferta, sumada al crecimiento de nuevos hogares, ha trasladado la presión al mercado de arrendamiento. El gasto en vivienda es hoy uno de los que más impacta el bolsillo de las familias. En noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,3 %, y el componente de alojamiento y servicios públicos aportó 1,65 puntos porcentuales a ese resultado. La vivienda representa el 21 % de la canasta del IPC y supera el 40 % del gasto de los hogares de menores ingresos.
En este escenario, medidas orientadas a proteger a los compradores pueden terminar encareciendo el arriendo, que ya es la principal opción habitacional para millones de personas. A ello se suman tasas de interés hipotecarias que superan el 11,5 % anual y cuotas iniciales cercanas al 30 % del valor del inmueble, barreras que resultan inalcanzables para muchos hogares.
De acuerdo con una encuesta de El Libertador, empresa especializada en seguros de arrendamiento, la mayoría de los arrendatarios tiene entre 25 y 45 años, pertenece a los estratos 2 y 3 y cuenta con empleo formal o ingresos independientes. El 64 % de estos hogares está conformado por una a tres personas, y los hogares unipersonales muestran un crecimiento acelerado, especialmente en ciudades como Cali, donde ya representan el 23 % del total. No en vano, en 2025 la demanda de apartaestudios se duplicó.
En medio de este panorama, la discusión sobre responsabilidades resulta lejana para quienes ven cómo el arriendo absorbe una proporción cada vez mayor de sus ingresos. Con reglas poco claras y una oferta restringida, Colombia avanza hacia un modelo en el que arrendar es la norma y comprar vivienda se vuelve una excepción, mientras el margen para corregir esa tendencia se reduce con rapidez.