Después de siete años de investigaciones, el proceso judicial por las polémicas “chuzadas” contra el general retirado Humberto Guatibonza llega a su fin. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la Fiscalía no consiguió probar que el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá fuera responsable de los hechos.
El Tribunal decidió declarar la prescripción del proceso contra Guatibonza Carreño, vinculado a una supuesta red de interceptaciones ilegales. La Sala de Decisión Penal resolvió el recurso presentado por la Fiscalía frente a la absolución que el Juzgado 35 Penal había dictado en abril de 2025. En su pronunciamiento de 24 páginas, los magistrados señalaron que el procedimiento debía precluirse por el delito de concierto para delinquir simple.
El caso se inició con la investigación de una presunta red que operaba interceptando comunicaciones mediante empresas de seguridad privada. La Fiscalía acusó a Guatibonza de concierto para delinquir agravado, uso de software malicioso agravado e interceptación de datos informáticos agravada. Según el ente acusador, el general habría tenido un rol central en esta red, obteniendo información sensible de empresarios, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios judiciales y ciudadanos, y, además, comercializando estos datos con herramientas tecnológicas.
Guatibonza fue detenido el 12 de septiembre de 2018, y en enero de 2019 la Fiscalía presentó formalmente la acusación. No obstante, en octubre de ese año recuperó su libertad. Durante el proceso, la defensa argumentó irregularidades en las diligencias y la falta de pruebas contundentes que implicaran al general.
Finalmente, en agosto de 2025, el Juzgado 35 Penal absolvió a Guatibonza, considerando que no existían pruebas suficientes para demostrar su participación en los delitos imputados. Durante la audiencia, el juez puntualizó: “No hay información clara sobre qué sistema informático fue vulnerado ni sobre la participación específica de los procesados”.
El tribunal enfatizó que la evidencia presentada no alcanzó a superar el umbral necesario para romper la presunción de inocencia, recordando que, en el sistema penal acusatorio, no se puede basar una condena únicamente en referencias o indicios.
Con la prescripción declarada, el Tribunal Superior confirmó que la Fiscalía no podrá reabrir el caso, cerrando definitivamente la investigación por las “chuzadas” contra el general en retiro.