Un nuevo golpe contra las economías ilícitas se registró en el departamento del Chocó, donde la Fuerza Pública destruyó infraestructura utilizada para la explotación ilegal de oro en áreas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato. De acuerdo con las autoridades, estas actividades estarían al servicio del Clan del Golfo.
La operación fue adelantada de manera conjunta por el Ejército Nacional y la Policía, quienes lograron la inutilización de 36 unidades empleadas en minería ilegal, entre ellas nueve dragas tipo buzo y 27 motores. La maquinaria pertenecía a la subestructura Jhon Fredy Orejuela de esa organización criminal y era utilizada para la extracción ilícita de minerales en la región.
Según el balance oficial, la destrucción de estos equipos representa una afectación económica superior a los 600 millones de pesos para el Clan del Golfo, únicamente por la pérdida de la infraestructura. Además, se evitó la extracción mensual de cerca de 4.000 gramos de oro, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en aproximadamente 2.000 millones de pesos, recursos que habrían sido destinados a financiar las actividades del grupo armado.
Las acciones se desarrollaron en el marco del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus, cuyo propósito es combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y reducir el impacto ambiental generado por estas prácticas en zonas altamente vulnerables.
El brigadier general William Fernando Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, aseguró que la Fuerza Pública continuará ejecutando operaciones conjuntas con la Policía Nacional para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en el departamento del Chocó.
Durante el último año, esta región ha enfrentado un recrudecimiento del conflicto armado, producto de la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, principalmente por el control de economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos de coca y la migración irregular.
Esta confrontación ha derivado en varios paros armados decretados por el ELN, que busca frenar la expansión del Clan del Golfo y de estructuras disidentes de las antiguas Farc, pese a las reiteradas alertas de la Defensoría del Pueblo sobre el interés de estos grupos en apropiarse de las rentas ilegales de la región.