La empresa de energía Air-e confirmó que la tarifa de electricidad se mantendrá en COP 796 por kWh durante 2026 para los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, un valor COP 80 inferior al promedio nacional, que cerró 2025 en COP 876. Esta decisión busca brindar alivio a usuarios históricamente afectados por los altos costos de energía en la región Caribe.
Según Air-e, la estabilidad tarifaria se debe a una gestión técnica responsable, negociaciones oportunas en la compra de energía con generadores y la priorización de fuentes renovables, lo que reduce la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles y da mayor previsibilidad al precio del servicio.
La empresa recalcó que el cumplimiento en los pagos y la adhesión a planes de financiación son fundamentales para mantener los recursos destinados a la inversión, la mejora de la red y la continuidad del suministro.
Deuda que presiona al sistema
A pesar de la tarifa estable, el sistema eléctrico enfrenta una tensión estructural: Air-e acumula una deuda cercana a COP 2,5 billones, derivada de cartera vencida y compromisos pendientes con generadores y transmisores. Para aliviar esta situación, el Ministerio de Minas y Energía propuso un cargo transitorio de COP 8 por kWh a nivel nacional, destinado a cubrir parte de la deuda y garantizar la estabilidad financiera del mercado eléctrico.
El impacto estimado para un usuario residencial promedio sería de unos COP 1.200 mensuales, mientras que en grandes empresas podría alcanzar hasta COP 40 millones al mes, dependiendo del consumo. La recaudación se gestionaría a través del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic), que distribuirá los recursos proporcionalmente entre los acreedores del sistema.
El borrador de la resolución toma como referencia la deuda acumulada a 30 de noviembre de 2025 y abre un periodo de cuatro días para comentarios de usuarios y agentes del sector, tras el cual la CREG y el Ministerio definirán la implementación, condiciones y duración del cobro.
En la región Caribe, donde se concentra más de un cuarto de la demanda nacional, equilibrar la estabilidad financiera del sistema con la protección al usuario será clave durante 2026.