Solicitud Urgente a la JEP
Un grupo de víctimas ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que acelere las investigaciones contra la congresista del Partido Comunes, Sandra Ramírez, en el contexto del macrocaso 07. Este caso se centra en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el reclutamiento forzado y violencia sexual. La carta fue remitida el 3 de abril por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL) a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Peligro para Testigo Principal
La misiva destaca la urgencia de la situación, advirtiendo sobre el riesgo que corre la principal testigo, Deysi Guanaro Guavita. La carta indica que Deysi ha sido objeto de constantes amenazas, persecuciones y hostigamientos, los cuales buscan intimidarla y obstaculizar el proceso judicial. Según el documento, estas intimidaciones están vinculadas a su testimonio en contra de Ramírez, lo que create un nexo entre el avance del caso y el peligro para ella y su familia.
Demandas de Medidas Cautelares
En la carta, las víctimas demandan medidas cautelares, incluyendo la privación de libertad de Sandra Ramírez, argumentando que esta acción es “necesaria, idónea y proporcional” para proteger a las víctimas y evitar interferencias en la recolección de pruebas cruciales. El documento también advierte que el riesgo que enfrentan las víctimas se extiende a sus abogados, lo que demuestra un patrón de obstrucción a la justicia.
Críticas al Proceso Judicial
La carta señala preocupaciones sobre las “omisiones sistemáticas” en el seguimiento de los comparecientes por parte de la UIA. Este tema se ejemplifica con el caso de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yaco”, quien está señalado como clave en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado. Las víctimas indican que la falta de control por parte de la UIA ha permitido que Téllez regrese a actividades criminales.
Demandas de Investigación de Amenazas
Las víctimas instan a la JEP a utilizar todos los recursos disponibles para identificar a los responsables de las amenazas y neutralizar cualquier intento de intimidación hacia quienes participan en los casos. También solicitan informes de inteligencia para establecer la conexión de grupos armados en las amenazas y un análisis detallado sobre aquellos comparecientes que han dejado de asistir regularmente a las audiencias de la JEP, con posible vinculación a organizaciones criminales.
Compromiso con la Justicia Transicional
La solicitud subraya la necesidad de un compromiso firme por parte de la JEP para reconocer las responsabilidades de los implicados en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Al acelerar estas investigaciones, se espera afianzar la eficacia del sistema de justicia transicional y proporcionar protección a las víctimas, asegurando que sus derechos no sean vulnerados aún más en un proceso ya marcado por el sufrimiento.