Congreso bajo presión por nueva ley aduanera
La cuenta regresiva para el Congreso ha comenzado, y esta vez no se trata de reformas políticas o tributarias. Siete gremios del comercio exterior y la logística han solicitado la aceleración del proceso legislativo para aprobar un nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio. Este plazo, establecido por la Corte Constitucional, es crucial para evitar un vacío jurídico que podría frenar significativamente las actividades de control de la DIAN, exponiendo cerca de COP 7 billones a un gran riesgo.
Urgencia ante posibles consecuencias
“Estamos en una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no actúa con rapidez, las repercusiones jurídicas y fiscales para el país serán graves”, advirtió Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Los gremios involucrados, que incluyen a Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, piden priorizar el proyecto en las plenarias desde los primeros días de junio para lograr la conciliación y la sanción presidencial antes de la fecha límite.
El origen del problema
La situación nace de la Sentencia C-072 de 2025 promulgada por la Corte Constitucional, que determinó que el régimen sancionatorio aduanero no puede ser regulado mediante decretos presidenciales, sino que debe estar bajo la ley, algo que sólo puede definir el Congreso. Aunque la Corte ha mantenido vigente de manera temporal el régimen actual, hizo un llamado urgente para que se apruebe una nueva ley antes del 20 de junio.
Consecuencias legales y financieras en riesgo
Se estima que alrededor de 8,250 procesos de fiscalización por un total de COP 3,25 billones podrían verse comprometidos. A esto se suman 148 casos en discusión administrativa por COP 1,07 billones y 2,453 litigios judiciales que implican otros COP 2,74 billones. Esto implica que, en total, unos COP 7 billones podrían perder su base legal. “El país no puede permitir un vacío sancionatorio mientras el contrabando genera alrededor de COP 31 billones al año”, reiteró Díaz.
Riesgos más allá de lo tributario
La preocupación no se limita a lo fiscal; el control aduanero también incide en otras áreas críticas como el lavado de activos, el tráfico de armas, el comercio ilegal de precursores químicos y la introducción de mercancías falsificadas. La Procuraduría ya había expresado su preocupación en abril, advirtiendo que, si la ley no se aprueba, se abriría un vacío normativo que afectaría los procedimientos de decomisos y sanciones.
Desafíos en el proceso legislativo
El proyecto logró superar un primer debate en las comisiones segundas del Senado y la Cámara el pasado 19 de mayo, donde la aprobación fue unánime. Sin embargo, el camino ha estado marcado por tensiones políticas. Durante las discusiones, se plantearon dudas sobre la validez de la participación virtual de algunos congresistas, lo que generó un debate acalorado que se extendió más de 40 minutos.
Reacciones gubernamentales y el contexto actual
Desde el Gobierno, se aseveró que se había entregado al Congreso un proyecto en el que se buscaba maximizar coincidencias para minimizar la fragmentación en el debate legislativo. Este proceso ocurre en medio de un intento por estabilizar una reforma aduanera que ha navegado entre diferentes decretos y modificaciones en los últimos años.
Los gremios han enfatizado que la reforma no busca aumentar las sanciones de manera indiscriminada, sino ordenar un sistema que ha acumulado desajustes regulatorios durante años. Además, enfatizan la necesidad de normas claras y proporcionales para importar y exportar, así como para operadores logísticos y agencias aduaneras. Es vital que se establezca un marco normativo robusto que no solo sea eficiente, sino que también mitigue el riesgo de un colapso en el sistema aduanero.