El cierre del periodo legislativo de 2025 dejĂł al Gobierno del presidente Gustavo Petro con más interrogantes que logros en el Congreso. Tras un año marcado por confrontaciones polĂticas, episodios de violencia que sacudieron al paĂs y un ambiente preelectoral cada vez más evidente, varias de las principales iniciativas del Ejecutivo quedaron seriamente comprometidas de cara a 2026.
En tĂ©rminos legislativos, el balance fue limitado. El mayor avance del Gobierno fue la aprobaciĂłn del Presupuesto General de la NaciĂłn para 2026 por COP 546,9 billones. No obstante, ese triunfo tuvo un sabor agridulce: el monto aprobado fue inferior en cerca de COP 10 billones a la propuesta inicial, luego de que las mayorĂas parlamentarias se negaran a otorgarle al Ejecutivo la facultad de completar la cifra por decreto.
El panorama se complicĂł aĂşn más cuando el Gobierno intentĂł tramitar una reforma tributaria con la que buscaba recaudar COP 16,3 billones adicionales para cerrar el faltante presupuestal. Las comisiones econĂłmicas bloquearon la iniciativa, en parte por la ausencia de un liderazgo claro que defendiera el proyecto y, sobre todo, por su alto costo polĂtico. Congresistas de distintos partidos coincidieron en que resultaba inviable avalar nuevos impuestos en plena recta final del año y a pocos meses de elecciones.
Cuatro iniciativas en terreno incierto
Con el telón de fondo de estas derrotas, al menos cuatro proyectos estratégicos del Ejecutivo quedaron en una situación delicada para la próxima legislatura: la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad, la ley de competencias y la ley de sometimiento.
La iniciativa más compleja es la ley de sometimiento, golpeada por los cuestionamientos a la polĂtica de “paz total” y por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del paĂs. Las dudas sobre la efectividad de los diálogos con grupos armados y estructuras criminales han debilitado el respaldo polĂtico a este proyecto.
La Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad, aunque formalmente siguen en trámite, avanzan con dificultad. En el Congreso, sectores de oposición y algunos independientes han utilizado estas propuestas como escenario para cuestionar la ejecución del Gobierno y expresar su inconformidad con el rumbo general de la administración. El ambiente para debatirlas ha sido escaso, y su viabilidad dependerá de una ventana estrecha entre marzo y junio del próximo año.
A esto se suma un factor clave: las sesiones ordinarias se reanudarán el 16 de marzo, cuando ya se habrá elegido un nuevo Congreso y las campañas presidenciales estarán en plena efervescencia, con la primera vuelta prevista para el 31 de mayo. Ese contexto reduce el margen para acuerdos de fondo.
El pulso por la ley de competencias
Otro frente abierto es la ley de competencias, que desarrolla la reforma al Sistema General de Participaciones y que algunos consideran uno de los cambios más profundos al modelo de Estado en años recientes. Aunque fue radicada apenas esta semana, en el Gobierno confĂan en que pueda avanzar, dado que responde a una demanda histĂłrica de las regiones por mayores recursos y autonomĂa.
Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Algunos sectores advierten que el componente electoral podrĂa entorpecer el trámite, en especial si el debate se cruza con cálculos polĂticos de cara a las presidenciales.
Caminos alternos al Congreso
Ante este escenario adverso, el presidente Petro y su cĂrculo cercano han empezado a explorar rutas distintas al Legislativo. Entre las opciones que se barajan están la declaratoria de una emergencia econĂłmica para enfrentar el hundimiento de la tributaria y la reactivaciĂłn de la idea de una asamblea constituyente, con un claro trasfondo electoral.
El propio mandatario volviĂł a poner el tema sobre la mesa esta semana, tras el revĂ©s de una de sus reformas en la ComisiĂłn SĂ©ptima. SegĂşn Petro, aĂşn existe la posibilidad de que el Congreso rectifique, pero advirtiĂł que, de no hacerlo, el Gobierno buscarĂa otros mecanismos.
“El Congreso todavĂa tiene la oportunidad de construir un sistema de salud valioso para Colombia. Si no, se hará en asamblea constituyente, de acuerdo con las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso”, afirmĂł el jefe de Estado.
AsĂ, el 2026 se perfila como un año decisivo no solo para la suerte de estas reformas, sino para la estrategia polĂtica del Gobierno en un contexto marcado por elecciones, polarizaciĂłn y un Legislativo cada vez menos dispuesto a acompañar al Ejecutivo