Durante décadas, el trabajo rural en Colombia ha operado en un vacío legal. Millones de campesinos han sostenido la producción agropecuaria bajo esquemas informales, sin contratos, sin prestaciones y sin reconocimiento jurídico. El jornal diario, base del empleo en el campo, ha sido funcional, pero profundamente precario.
Con el objetivo de cambiar ese panorama, los ministerios de Trabajo y Agricultura radicaron un proyecto de ley para regular el contrato y el jornal agropecuario, una iniciativa que busca atacar una informalidad que alcanza cerca del 84 % del empleo rural. En la práctica, esto significa que más de ocho de cada diez trabajadores del campo carecen hoy de garantías laborales básicas.
La propuesta está dirigida a quienes realizan labores agropecuarias estacionales o transitorias, como siembras, cosechas y actividades de transformación primaria. Para este grupo se plantea una figura contractual específica, adaptada a la dinámica del campo, pero con derechos claramente definidos.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece que el jornal no podrá ser inferior al salario mínimo diario, y que deberá incluir un recargo prestacional mínimo del 30 %, destinado a cubrir beneficios laborales que históricamente no se han reconocido. Además, se aclara que las horas extras no podrán diluirse dentro del pago diario informal, sino que deberán liquidarse de manera independiente.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la prohibición de la intermediación laboral, una práctica extendida en las zonas rurales donde terceros reclutan jornaleros sin asumir obligaciones laborales reales. Esta medida se alinea con los principios de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La iniciativa responde a compromisos internacionales adquiridos con la OIT frente al trabajo agrícola. Es un paso histórico para reconocer a los agricultores, a sus familias y a quienes dependen del jornal agropecuario”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
La funcionaria subrayó que los trabajadores rurales son la base del sistema alimentario del país: “Son ellos quienes abastecen los mercados y garantizan alimentos frescos en las ciudades. Esta propuesta refleja una apuesta de gobierno por dignificar el campo”.
Las cifras explican la urgencia de la iniciativa. De acuerdo con el DANE, cerca de 12 millones de personas se reconocen como campesinas, y más del 85 % vive en zonas rurales o rurales dispersas. Aunque el desempleo en el campo es menor que en las áreas urbanas, la estabilidad laboral es limitada: más de la mitad de los trabajadores rurales labora por cuenta propia, sin contrato ni seguridad social.
La desigualdad también tiene un fuerte componente de género. Mientras alrededor del 80 % de los hombres campesinos participa en el mercado laboral, en el caso de las mujeres la cifra apenas supera el 40 %, y la mayoría lo hace en condiciones informales.
El proyecto no soluciona por sí solo estas brechas estructurales, pero introduce un cambio de fondo: formalizar el jornal agropecuario es reconocer a quienes han permanecido invisibles y garantizar condiciones mínimas para quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.