La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un oficial del Ejército y a dos funcionarios del Ministerio de Defensa por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
Los procesados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera. Los tres fueron capturados el 16 de diciembre y este miércoles se legalizó su aprehensión ante un juzgado penal de Bogotá.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que los investigados habrían incurrido en delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, fraude procesal, prevaricato por acción y peculado por apropiación. En el caso de Mora Tamayo, también se le imputó tráfico de influencias.
Según el ente acusador, las presuntas conductas se habrían presentado durante las fases precontractual y contractual del proceso que derivó en la firma del acuerdo con la empresa estadounidense Vertol Systems, la única oferente en la licitación. Para la Fiscalía, existió una actuación coordinada entre los tres imputados, con una “división de tareas e interdependencia funcional”, orientada a direccionar la contratación y favorecer al contratista.
El fiscal del caso señaló que se omitieron estudios previos obligatorios y que se habrían introducido documentos y conceptos con información alejada de la realidad para dar apariencia de legalidad al proceso. Además, indicó que los imputados desempeñaban roles clave en la evaluación del oferente y en la toma de decisiones que permitieron avanzar el contrato pese a las supuestas irregularidades detectadas.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la modificación de las condiciones contractuales. De acuerdo con la Fiscalía, durante los primeros meses de ejecución del contrato, Vertol Systems no presentó las pólizas exigidas y solicitó prórrogas y cambios en la forma de pago para obtener liquidez. Ante esa situación, el supervisor del contrato habría solicitado iniciar un proceso sancionatorio; sin embargo, según el ente investigador, Mora Tamayo y el coronel Rincón habrían intervenido para frenar esa decisión y facilitar una modificación del plazo y de los desembolsos.
La Fiscalía sostiene que los conceptos jurídicos emitidos por Mora Tamayo indujeron en error al ordenador del gasto y permitieron autorizar pagos a la empresa sin que esta hubiera cumplido con los compromisos contractuales. Para el ente acusador, esa actuación habría derivado en un uso indebido de recursos públicos.
En cuanto al coronel Rincón, la Fiscalía señaló que, aunque no era especialista en contratación estatal, habría actuado por fuera de sus deberes funcionales y en detrimento de los intereses del Ministerio de Defensa, con el fin de beneficiar al contratista.
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos imputados.
El caso está relacionado con un contrato suscrito con Vertol Systems para el mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 del Ejército. El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Defensa sancionó a la empresa al concluir que solo había ejecutado cerca del 8 % del contrato, pese a haber recibido el 50 % del valor pactado, equivalente a más de USD 16 millones (aproximadamente COP 60.000 millones).
Por el incumplimiento de plazos y obligaciones, la cartera de Defensa impuso a la compañía una multa superior a los USD 8 millones, es decir, alrededor de COP 33.700 millones.