El caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa ampliándose y ya compromete a figuras clave del Ejecutivo y del Legislativo. La justicia ordenó medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), mientras avanza el escrutinio sobre una decena de congresistas presuntamente vinculados al entramado.
Según las investigaciones, el desfalco habría servido como mecanismo para direccionar contratos y asegurar respaldos políticos a proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
Congresistas ya privados de la libertad
Dos legisladores ya enfrentan detención preventiva y perdieron sus curules. Se trata del senador Iván Name (Alianza Verde) y del representante Andrés Calle (Partido Liberal). De acuerdo con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos habrían recibido COP 3.000 millones y COP 1.000 millones, respectivamente, a cambio de facilitar el trámite de reformas oficiales cuando presidían sus corporaciones.
Aspirantes que siguen en campaña
Pese a los señalamientos, varios congresistas continúan activos políticamente. La senadora Martha Peralta (Pacto Histórico–Mais), quien aspira nuevamente por la curul indígena, es investigada por su presunta participación en la red de cupos indicativos y por reuniones relacionadas con contratos de pozos profundos en La Guajira. Ella ha rechazado las acusaciones y afirma ser víctima de una persecución política.
También figura el representante Wadith Manzur (Partido Conservador), señalado por supuestos acuerdos para intervenir contratos en municipios como Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena. Su nombre aparece en chats incautados a una exasesora del Ministerio de Hacienda, aunque ha negado cualquier vínculo con los hechos.
A este grupo se suma Karen Manrique, representante de las Circunscripciones Especiales de Paz, quien, según declaraciones de López, habría actuado como enlace político para asegurar apoyos legislativos a cambio de contratos. La congresista insiste en que no tuvo participación alguna.
Otro nombre relevante es el del senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U), investigado por el presunto direccionamiento de proyectos de infraestructura y agua en Córdoba. Su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, y el legislador ha reiterado su inocencia.
Los que no buscarán repetir curul
En el listado también aparecen congresistas que no aspirarán a la reelección: Liliana Bitar (Conservador), Juan Pablo Gallo y Julián Peinado (Liberal), además del exrepresentante Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Todos han negado responsabilidades en el caso.
Millonario desfalco y prófugos
La Fiscalía estima que el entramado de corrupción habría comprometido más de COP 612.000 millones en recursos públicos. Paralelamente, dos figuras clave permanecen prófugas de la justicia: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI, y César Manrique, exdirector de Función Pública.
El proceso sigue en etapa de investigación y podría derivar en nuevas imputaciones, mientras el caso se consolida como uno de los mayores escándalos políticos del actual gobierno.