La violencia armada volvió a encender las alarmas en el Catatumbo. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se han intensificado en las últimas semanas, provocando desplazamientos forzados, confinamientos y un temor creciente entre las comunidades rurales de Tibú y municipios cercanos, justo en plena temporada de fin de año.
Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, reconoció que las autoridades locales se están preparando para un escenario crítico, ante el riesgo de que la confrontación escale hacia el 31 de diciembre. “Llevamos meses advirtiendo que la guerra en el Catatumbo no terminó. Nunca cesó”, afirmó en entrevista con Colombia+20.
De acuerdo con reportes oficiales y organizaciones humanitarias, alrededor de 250 personas han sido desplazadas en los últimos días desde zonas rurales del municipio de Tibú, especialmente desde el corregimiento de La Gabarra, hacia cabeceras municipales como Tibú, Ocaña y Cúcuta. La mayoría de los afectados son mujeres y niños.
Además, se mantiene una alerta humanitaria por al menos 6.000 personas que estarían en riesgo de confinamiento o nuevos desplazamientos, si los combates continúan o se intensifican.
Combates permanentes y reacomodo armado
Niño explicó que la actual crisis no es un hecho aislado, sino parte de una confrontación sostenida que se ha prolongado durante todo el año. “Cuando el Gobierno nacional habla de la guerra que hubo entre enero y marzo, pareciera que todo se hubiera acabado. Pero 11 meses después seguimos con enfrentamientos en toda la región”, señaló.
Según el funcionario, desde hace aproximadamente tres semanas ambos grupos armados comenzaron un rearme y reacomodamiento estratégico, disputándose territorios que antes estaban bajo control de uno u otro. Como ejemplo, mencionó la reciente aparición de hombres armados del Frente 33 en el municipio de Pachelí, lo que evidenciaría la pérdida de control territorial del ELN en esa zona.
En medio de este contexto, denunció hechos graves contra la población civil, como la desaparición de dos mujeres jóvenes —de 25 y 27 años— y una bebé de apenas un mes de nacida. “Cada grupo le echa la culpa al otro y hasta hoy no se sabe qué pasó con ellas”, relató.
Los combates más recientes se registraron desde la medianoche del 24 de diciembre, en sectores como los kilómetros 16 y 25 de la vía rural de La Gabarra, lo que detonó el desplazamiento de al menos 180 núcleos familiares, equivalentes a unas 252 personas.
“Las vías están despejadas para que la gente pueda huir”
Ante la posibilidad de una nueva crisis humanitaria como la ocurrida en enero pasado —cuando cerca de 30.000 personas quedaron confinadas—, las autoridades tomaron una decisión preventiva que evidencia la gravedad del momento.
“Esta mañana me reuní con el Comando General de la Segunda División del Ejército y me confirmaron que el carreteable está totalmente asegurado. Eso quiere decir que las vías están despejadas para que la gente pueda huir”, dijo Niño.
El consejero lamentó tener que expresarlo en esos términos, pero recordó que el año pasado el confinamiento masivo se produjo porque las comunidades no podían salir: “Las carreteras estaban tomadas por los grupos armados, esperando al enemigo para matarlo. Hoy, por lo menos, se busca evitar que eso vuelva a pasar”.
Aunque inicialmente muchos desplazados llegaron a Tibú, el propio funcionario reconoció que este municipio no ofrece garantías de seguridad, por lo que varias familias ya continúan su camino hacia Cúcuta, donde la Defensoría del Pueblo comenzó a recibir declaraciones formales de las víctimas.
Advertencias al Gobierno y temor por fin de año
Niño aseguró que las autoridades departamentales han advertido reiteradamente al Gobierno nacional sobre el riesgo de una escalada. El último contacto formal ocurrió el pasado 11 de diciembre, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, donde se anunció el refuerzo de tropas, unidades antidrones, tanquetas y pie de fuerza en la región.
Sin embargo, desde la perspectiva local, las alertas provenientes de las comunidades, líderes sociales y párrocos no fueron atendidas con la urgencia necesaria. “Nosotros somos los que escuchamos a la gente. Ellos nos dijeron que algo grave se estaba moviendo”, afirmó.
Incluso, con autorización del Gobierno, se intentó una mediación humanitaria con apoyo de la Iglesia y la Defensoría para lograr un cese de hostilidades. Aunque los grupos anunciaron que no atacarían al Estado, las confrontaciones entre ellos continúan. “Ambos dicen lo mismo: que en el Catatumbo solo puede quedar uno”, advirtió.
Preparativos ante un posible aumento del desplazamiento
Como respuesta, la Gobernación de Norte de Santander activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordinó con las alcaldías de Tibú, Ocaña y Cúcuta planes de atención ante posibles nuevos desplazamientos.
“La instrucción fue clara: asegurar las vías principales para sacar enfermos, heridos, fallecidos, ingresar alimentos y evitar confinamientos. No queremos otro estadio lleno para fin de año, pero si toca habilitar albergues, habrá que hacerlo”, reconoció Niño.
Las entidades humanitarias, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Gestión del Riesgo y operadores sociales ya están desplegando personal en la zona. En Cúcuta, muchos desplazados llegan de manera gradual, alojándose con familiares mientras se define la evolución del conflicto.
Minas, reclutamiento y violaciones al DIH
El consejero también alertó sobre el aumento del uso de minas antipersonal, una práctica que, según dijo, busca restringir la movilidad de la población civil. En días recientes, una mujer resultó gravemente herida, y la semana pasada fue asesinado el conductor de una ambulancia durante un paro armado del ELN.
“Minar carreteras y escuelas va en contra de cualquier norma del derecho internacional humanitario”, subrayó.
Otro factor de preocupación es el incremento del reclutamiento forzado de menores. Aunque la Defensoría reporta un aumento del 252%, Niño considera que la cifra podría ser mayor: “Con tantos muertos y combates, los grupos necesitan mano de obra, y esa mano de obra la sacan de niños, niñas y adolescentes, incluso de comunidades indígenas”.
“No queremos decir después que no advertimos”
De cara al cierre del año, el funcionario no ocultó su preocupación. “Es una responsabilidad moral contar lo que está pasando. El 11 de diciembre advertimos que esto podía suceder. Nos dijeron que todo estaba bajo control. Hoy, lamentablemente, vemos que la situación sigue siendo muy delicada”, concluyó.