La declaratoria de emergencia económica anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a enfrentar una fuerte oposición política y jurídica. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático estarían promoviendo la interposición de una acción de tutela con el objetivo de frenar, de manera inmediata, los efectos de esta medida mientras la Corte Constitucional realiza el estudio de fondo correspondiente.
Según explicó Uribe, la tutela se convertiría en el único mecanismo eficaz para proteger los derechos de los ciudadanos durante el periodo de vacancia judicial de la Corte Constitucional, que no convocó sesiones extraordinarias para analizar la declaratoria de emergencia. “La protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso, ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la tutela”, afirmó el exmandatario.
Uribe sostuvo que la acción judicial es necesaria debido a que la Corte Constitucional solo retomaría el estudio de este asunto a partir del 13 de enero, lo que —según él— dejaría un margen de tiempo en el que el Gobierno podría expedir y aplicar decretos con efectos inmediatos. En palabras del expresidente, se trataría de “el único recurso inmediato” para evitar lo que calificó como un nuevo abuso contra los colombianos.
Desde el Centro Democrático, varios congresistas ya habrían iniciado estudios jurídicos para sustentar la tutela. El propósito sería suspender la entrada en vigencia de los decretos que aún están pendientes de publicación por parte del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, los cuales reglamentarían la emergencia económica. Según ha explicado el propio Gobierno, estos decretos buscan recaudar recursos adicionales mediante mayores impuestos dirigidos a los llamados “megarricos” del país.
El Ejecutivo ha señalado que el objetivo de la emergencia es cubrir el faltante presupuestal cercano a los COP 16,3 billones, recursos que no fueron aprobados en el Congreso tras el hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas terceras y cuartas. De acuerdo con el presidente Petro, esta falta de recursos pondría en riesgo programas y proyectos de inversión social. Además, el mandatario ha descartado recortes significativos al gasto de funcionamiento, argumentando que afectarían sectores sensibles como educación y salud.
En ese contexto, la candidata al Senado por el Centro Democrático, María Clara Posada, respaldó la iniciativa jurídica y afirmó que “durante la vacancia judicial, la acción de tutela se configura como el único mecanismo eficaz e inmediato para evitar que el decreto de emergencia económica petrista produzca efectos irreversibles sobre derechos fundamentales”. Añadió que negar la procedencia de la tutela generaría un vacío de protección contrario al espíritu garantista de la Constitución de 1991.
Las declaraciones del uribismo no tardaron en generar respuesta por parte del presidente Gustavo Petro, quien defendió la emergencia económica y cuestionó el historial tributario de gobiernos anteriores. Petro afirmó que Uribe y el expresidente Iván Duque impulsaron múltiples reformas tributarias que, según él, recargaron el IVA sobre el consumo popular y beneficiaron a los sectores más poderosos. A su juicio, sus propias propuestas tributarias eran más progresivas y buscaban que los más ricos del país aportaran más al financiamiento del Estado.
El mandatario también acusó al expresidente Uribe de bloquear, a través de la institucionalidad, la aprobación de reformas que gravaban a los sectores de mayores ingresos. “Usted no quiere que los megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población, paguen un centavo en 2026”, afirmó Petro, quien además recordó los subsidios otorgados durante el gobierno Duque y su impacto en el déficit fiscal.
Mientras tanto, el debate también se trasladó al Congreso de la República. El presidente del Senado, Lidio García, sostuvo que el Legislativo está en condiciones de ejercer control político sobre la declaratoria de emergencia, incluso durante las sesiones extraordinarias convocadas recientemente. Según García, la autonomía del Congreso le permite examinar la medida, dado que se trata de un asunto previamente discutido y negado en esa corporación.
No obstante, esta postura provocó un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Congreso no puede adelantar este tipo de debates sin que el Gobierno haya enviado el informe correspondiente sobre la declaratoria y sus medidas, tal como lo establece el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la actuación del presidente del Senado y lo acusó de desconocer la Ley Quinta de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.
Así, la emergencia económica anunciada por el Gobierno Petro no solo enfrenta un eventual pulso jurídico ante los tribunales, sino también un fuerte enfrentamiento político entre el Ejecutivo, la oposición y el Congreso, que promete escalar en las próximas semanas.