Las revelaciones sobre una presunta infiltración de las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ en el Gobierno del presidente Gustavo Petro provocaron un nuevo cruce político entre la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) y sectores del uribismo, especialmente congresistas del Centro Democrático.
La polémica se desató tras pronunciamientos de Juvinao en los que cuestionó tanto al actual Gobierno como a la administración del expresidente Álvaro Uribe, al señalar que ambos proyectos políticos habrían fallado frente al control de los grupos armados ilegales. En sus declaraciones, la congresista afirmó que el país quedó atrapado entre dos modelos que, en su opinión, permitieron el fortalecimiento de estructuras criminales.
En esa línea, sostuvo que durante el gobierno de Uribe se produjo una supuesta entrega del territorio a los grupos paramilitares, mientras que bajo la actual administración se habría facilitado el avance de las disidencias armadas. Para Juvinao, este escenario evidencia la necesidad de un relevo político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, alejado de lo que calificó como proyectos basados en corrupción, confrontación y violencia.
La representante también cuestionó el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, al afirmar que dicho proceso no desmanteló realmente las estructuras criminales, sino que derivó en su reorganización en nuevas bandas, entre ellas el Clan del Golfo, que hoy mantiene una fuerte presencia armada.
Las declaraciones generaron una reacción inmediata desde el Centro Democrático. El representante Andrés Forero rechazó la comparación entre los gobiernos de Uribe y Petro, argumentando que durante el periodo 2002–2010 se extraditó a los principales jefes paramilitares y se logró una reducción significativa de los homicidios en el país.
Forero contrastó esos resultados con la política de “paz total” del actual Gobierno, asegurando que la suspensión de órdenes de captura y los acercamientos con grupos armados han contribuido al fortalecimiento de las disidencias y al aumento de la violencia en distintas regiones.
A estas críticas se sumó el representante Juan Espinal, quien calificó como injustos y desafortunados los señalamientos de Juvinao. El congresista aseguró que su bancada ha respaldado varias de las iniciativas de la representante y cuestionó lo que consideró un uso político del tema de seguridad. Además, aludió a las consecuencias que podrían tener sus posturas en su futuro electoral, recordando su apoyo al presidente Petro en la campaña de 2022.
El cruce de declaraciones refleja la tensión creciente en el Congreso frente al manejo del orden público y la seguridad, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en el debate político de cara al próximo ciclo electoral.
