El primer semestre de 2026 estará atravesado por decisiones políticas determinantes. En ese periodo se desarrollarán las elecciones legislativas y presidenciales, junto con las consultas previas, en medio de un Congreso donde una parte importante de sus miembros buscará mantenerse en el cargo. Ese contexto electoral marcará la dinámica del Capitolio y su relación con el Gobierno nacional.
Tradicionalmente, la última legislatura suele avanzar con mayor lentitud debido a que las campañas concentran la atención de los congresistas. Aun así, la administración del presidente Gustavo Petro tiene varios proyectos pendientes que requieren el aval del Legislativo y que serán decisivos para el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso, una relación que cerró 2025 tensionada por el decreto de emergencia económica.
Uno de los proyectos centrales es el que pretende darle continuidad al Ministerio de Igualdad, liderado por Juan Carlos Florián, luego de que la Corte Constitucional encontrara vicios de trámite en su creación. El Gobierno tiene plazo hasta el 20 de junio para lograr su aprobación. El proyecto consiguió un avance al cierre de 2025, cuando las Comisiones Primeras conjuntas autorizaron iniciar el debate de la ponencia positiva, evitando así su archivo.
Pese a ello, se trata de una iniciativa con bajo respaldo político. Ha sido cuestionada por la limitada ejecución presupuestal, denuncias internas y polémicas alrededor de algunos nombramientos. Aun así, desde el Ministerio confían en obtener un resultado favorable en las comisiones, expectativa que solo podrá confirmarse en 2026, cuando el proyecto llegue a las plenarias del Senado y la Cámara.
Otro tema clave es la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, un proyecto que fue discutido en esas mismas comisiones hace más de un año y que surgió de un acuerdo entre el Gobierno y distintas bancadas. Desde entonces, no ha logrado avanzar en ninguna de las dos cámaras, a pesar de los consensos alcanzados en su momento. Diversos sectores han pedido que el proyecto vuelva a ser priorizado en la agenda legislativa.
En la Comisión Primera de la Cámara también reposa, desde el 20 de julio, el proyecto de ley de sometimiento, una iniciativa que ha generado poco respaldo. La Casa de Nariño no le otorgó mensaje de urgencia y recibió críticas severas por los beneficios que contemplaba para los cabecillas de organizaciones criminales.
La ponencia positiva, conocida a finales de octubre, nunca fue debatida. El texto proponía permitir la retención de hasta el 12 % de los bienes obtenidos de manera ilegal, siempre que se declararan en su totalidad y fueran auditados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Además, contemplaba reducciones de pena de hasta el 60 % para quienes se acogieran a estos procesos.
Aunque el proyecto perdió protagonismo, el debate sigue siendo relevante por su vínculo con la política de paz total, que quedó sin un marco legal sólido tras el estancamiento de esta iniciativa. Desde distintos sectores se ha calificado el proceso como un “fracaso”, y el tema se perfila como uno de los ejes de discusión en el escenario electoral.
A estos proyectos se suman otros como la reforma a los servicios públicos y la ley minera. Paralelamente, los debates de control político cobrarán mayor peso en la agenda legislativa. La controversia alrededor de la emergencia económica evidenció un posible giro en la actitud del Congreso.
Si bien durante la legislatura 2024-2025 disminuyeron las citaciones de control político, la sesión convocada para el lunes 29 de diciembre, en la que todos los ministros deberán responder por el decreto de emergencia, podría anticipar un mayor protagonismo del Capitolio en el control al Gobierno durante 2026.