El Gobierno de Colombia destacó un pronunciamiento emitido por un grupo de congresistas españoles que expresaron su respaldo al presidente Gustavo Petro y rechazaron cualquier intento de vincularlo con la llamada lista Clinton, en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington.
La comunicación, fechada el 3 de diciembre y emanada de una comisión del Congreso de los Diputados de España integrada por legisladores de izquierda, manifiesta solidaridad con el mandatario colombiano y cuestiona lo que consideran intentos de desestabilización política desde el exterior.
En el documento, los parlamentarios advierten sobre los riesgos que implican las intervenciones extranjeras en Colombia, particularmente en regiones como el Caribe y el Pacífico, y subrayan la necesidad de proteger la paz y la vida de la población civil. Asimismo, hacen un llamado a retomar con mayor impulso la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, cuyo desarrollo, según distintos sectores, ha enfrentado retrasos.
“El Congreso insta al Gobierno de España a transmitir al Ejecutivo colombiano, por los canales institucionales correspondientes, la importancia de continuar con la implementación integral de los acuerdos de paz”, señala uno de los apartados del pronunciamiento.
La reacción desde Bogotá no se hizo esperar. El presidente Petro valoró positivamente el respaldo recibido desde el parlamento español y lo interpretó como una muestra de apoyo a un gobierno elegido democráticamente. En la misma línea, la canciller Rosa Villavicencio resaltó que el pronunciamiento rechaza de manera explícita cualquier intento de incluir al jefe de Estado en listados internacionales de carácter sancionatorio.
El respaldo del sector legislativo español se conoce en un momento de alta tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, derivada de diferencias políticas e ideológicas entre el presidente Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump, así como por los señalamientos del gobierno colombiano frente a lo que considera injerencias externas en asuntos internos del país.