Las manifestaciones que se registran en Irán han derivado en un elevado número de víctimas mortales, producto de una respuesta estatal que activistas y testigos califican como una represión sistemática y de gran escala. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, más de 2.000 personas han perdido la vida en medio de los disturbios, aunque algunas fuentes elevan la cifra de forma considerable.
Según reconstrucciones del servicio persa de la BBC —realizadas pese a los cortes de internet y de comunicaciones telefónicas—, las fuerzas de seguridad recurrieron a tácticas y armamento propios de escenarios militares. Testigos relataron el uso de munición real, drones de vigilancia, francotiradores, agentes vestidos de civil y la intervención directa de unidades de la Guardia Revolucionaria durante las protestas del jueves 8 y viernes 9 de enero.
En ciudades como Fardis, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán, se reportaron ataques sorpresivos contra manifestantes que se encontraban en parques y calles residenciales. De acuerdo con uno de los testimonios, hombres identificados por su vestimenta y motocicletas, asociadas al grupo Ansar, dispararon armas de guerra de forma directa. Otros relatos señalan que agentes armados ingresaron a callejones en vehículos particulares y abrieron fuego desde el interior de los automóviles contra la población.
Fuentes locales indicaron que en esa ciudad las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se desplegaron en al menos tres puntos estratégicos y dispararon indiscriminadamente contra manifestantes, conductores y transeúntes, sin distinguir su participación en las protestas.
Situaciones similares fueron descritas en Teherán y Karaj. Allí, testigos aseguraron que efectivos de seguridad dispararon desde puentes y azoteas de edificios. Uno de ellos relató que los agentes utilizaban láseres para marcar a las personas: mientras quienes corrían no eran perseguidos, aquellos que se detenían a corear consignas eran atacados con fuego real.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado más de 2.500 muertes. De ese total, 2.403 corresponderían a manifestantes, 147 a personas vinculadas al Gobierno, 12 a menores de edad y nueve a civiles que no participaban en las protestas. Otras organizaciones y fuentes independientes manejan cifras aún más altas, que llegan a hablar de hasta 12.000 fallecidos.
También se ha documentado el uso extensivo de drones para identificar y seguir a los manifestantes, así como el empleo de armas de alto calibre, incluidos fusiles Kalashnikov. Los disparos, según los testimonios, fueron directos y con clara intención letal. En este contexto, se ha instalado un clima de temor generalizado, reforzado por mensajes intimidatorios que circulan entre la población.
Ante el riesgo, muchas personas han optado por permanecer en sus hogares, aunque los cánticos de protesta continúan desde el interior de las viviendas. “Salir ahora es caminar hacia la muerte”, afirmó uno de los testigos citados por la BBC.
La situación se agrava con el anuncio reciente de la autoridad judicial iraní sobre la realización de juicios “rápidos” contra los detenidos en las manifestaciones. Organizaciones no gubernamentales temen que esto abra la puerta a un uso masivo de la pena de muerte contra quienes han participado en las protestas contra el régimen.