La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores del departamento de La Guajira entre 2002 y 2006. No obstante, la sanción podría reducirse hasta a ocho años de cárcel, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley de Justicia y Paz.
La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este lunes 19 de enero de 2026. De acuerdo con el ente acusador, Mancuso, en su condición de máximo dirigente del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenó y facilitó múltiples crímenes ejecutados por el frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura armada que operó en distintas zonas de La Guajira.
Según el fallo, el exparamilitar es responsable de delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y hechos de violencia basada en género, perpetrados en el marco de la expansión territorial de las AUC en el norte del país.
Entre los casos acreditados se encuentra la incursión armada a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. Durante varias horas, integrantes del grupo armado golpearon y sometieron a miembros de la comunidad wayúu, además de destruir y sustraer bienes con alto valor cultural y económico, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas tradicionales.
Asimismo, Mancuso fue hallado responsable por el asesinato de dos indígenas wayúu en hechos registrados el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en Uribia. Para la Fiscalía, estos ataques respondieron a una política sistemática de control y expansión criminal en el territorio guajiro.
“El frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 hombres, lo que permitió a las AUC ampliar su accionar armado en zonas media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta”, señaló la Fiscalía.
Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó reconocer como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como en Matitas, en Riohacha.
Además de la pena privativa de la libertad, la condena impone a Mancuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo y el pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos. Sin embargo, el tiempo efectivo de reclusión podría reducirse significativamente si se aplican los beneficios contemplados en el marco de la justicia transicional.