Con la expedición del Decreto 0030, firmado el pasado 19 de enero, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de la prima especial de servicios que recibían los congresistas, medida que comenzará a aplicarse a partir del próximo periodo legislativo, el cual inicia el 20 de julio. Con esta decisión, los legisladores verán reducido su ingreso a partir de esa fecha.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) formalizó la medida al derogar el Decreto 2170 de 2013, norma que había creado dicha prima para los miembros del Congreso. El nuevo decreto establece que la eliminación del beneficio aplicará a quienes se posesionen desde el 20 de julio de 2026 y tendrá impacto fiscal desde ese mismo momento.
Cabe recordar que el Decreto 2170 sustituyó las primas de localización, vivienda y salud por una prima especial de servicios, la cual inicialmente rondaba los 7 millones de pesos y que, tras los ajustes anuales, se estima hoy en cerca de 16 millones de pesos mensuales.
En el documento, el Gobierno argumenta que “la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio”, con el propósito de alinearlos con los principios de sostenibilidad fiscal, austeridad, transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se señala que la Ley 4 de 1992 autoriza el reconocimiento de primas a los congresistas únicamente cuando las circunstancias lo ameriten, y que la Corte Constitucional ha precisado que estas prestaciones no son automáticas ni de obligatorio otorgamiento por parte del Ejecutivo.
El decreto también expone que los ingresos de los congresistas resultan desproporcionados frente al promedio salarial y a la situación económica del país. La decisión se enmarca en un contexto de estrechez fiscal, en el que el Presupuesto General de la Nación presenta un faltante de 16,3 billones de pesos, situación que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica y a implementar medidas de austeridad.
Dentro de estas acciones, el recorte a los gastos asociados al poder legislativo representaría un ahorro aproximado de 56.000 millones de pesos anuales para la Nación. Con la eliminación de la prima especial, el ingreso anual de los congresistas pasaría de cerca de 640 millones de pesos a alrededor de 625 millones.