El Gobierno nacional dejó en firme la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a partir del próximo periodo legislativo, que comienza el 20 de julio de 2026. La decisión quedó formalizada con el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que deroga el Decreto 2170 de 2013.
Dicho decreto de 2013 había unificado las primas de localización, vivienda y salud en una sola prima especial de servicios. Inicialmente, esta prestación equivalía a cerca de COP 7 millones mensuales, pero con los reajustes anuales su valor se habría ubicado hoy alrededor de COP 16 millones.
Según el nuevo decreto, el ajuste responde a la necesidad de armonizar el régimen salarial del Congreso con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad. El Gobierno argumentó que la Ley 4 de 1992 permite reconocer primas a los congresistas únicamente cuando existan circunstancias que lo justifiquen y recordó que la Corte Constitucional ha señalado que estas prestaciones no son automáticas ni obligatorias.
El Ejecutivo también sostuvo que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y a la actual situación económica del país. La medida se adopta en un contexto de déficit fiscal, en el que el Presupuesto General de la Nación presenta un faltante estimado en COP 16,3 billones, lo que llevó al Gobierno a declarar una emergencia económica y a aplicar medidas de austeridad.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la eliminación de la prima representaría un ahorro cercano a COP 56.000 millones anuales. En términos individuales, el ingreso anual de los congresistas pasaría de aproximadamente COP 640 millones a COP 625 millones, una vez entre en vigor la decisión.
El recorte aplicará únicamente para los legisladores que se posesionen a partir del nuevo periodo constitucional, es decir, desde el 20 de julio de 2026.