Con la eliminación de la prima de servicios, que entrará en vigor el próximo 20 de julio, los congresistas dejarán de figurar entre los funcionarios mejor remunerados del país. A partir de esa fecha, senadores y representantes pasarán de devengar cerca de 52 millones de pesos mensuales a aproximadamente 35 millones, luego de la expedición del Decreto 0030 de 2026, que recortó más de 16 millones de pesos de su ingreso mensual.
Este ajuste modificará de forma significativa el escalafón salarial del sector público. De acuerdo con cifras oficiales correspondientes a 2025, varios altos cargos del Estado, diplomáticos y funcionarios regionales quedarán por encima de los 103 senadores y 183 representantes que integran el Congreso.
El salario público más alto lo ostenta actualmente el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), quien percibía cerca de 64 millones de pesos mensuales, es decir, casi 30 millones más de lo que ganarán los congresistas tras el recorte, según datos de Función Pública.
En un segundo nivel aparece un grupo de once altos funcionarios con ingresos cercanos a los 55 millones de pesos mensuales. En este bloque se encuentran el Auditor General de la República, el Contralor General, la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la Nación, así como los magistrados de las cuatro altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También integran este grupo el Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil.
Por encima del nuevo salario de los congresistas también figuran los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, quienes devengan alrededor de 54 millones de pesos mensuales. Esta categoría incluye a los jefes de misión diplomática de mayor rango, especialmente aquellos acreditados en países estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, así como ante organismos multilaterales como la ONU y la OEA.
En la lista también se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien en 2025 tenía un ingreso mensual cercano a los 53 millones de pesos, ubicándose por debajo de al menos doce cargos del Estado. Su remuneración se compone de una asignación básica de 11.640.414 pesos, gastos de representación por 41.388.154 pesos, y dos primas anuales: una bonificación de servicio por 18.559.999 pesos y una prima de servicios de 27.211.735 pesos.
En total, son más de 25 cargos públicos los que superarán el salario de los congresistas tras el ajuste. Entre los casos más llamativos se encuentran los diputados de asambleas departamentales de categoría especial.
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, los diputados de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico reciben el equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) por cada mes de sesiones. Con el salario mínimo de 2026 fijado en 1.750.905 pesos, esta remuneración asciende a 52.527.150 pesos por mes de trabajo legislativo.