El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, presentó la conformación de su próximo gabinete, en el que incluyó a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y a una dirigente conocida por su rechazo frontal al aborto. El mandatario aseguró que el equipo fue convocado para enfrentar lo que calificó como una “emergencia nacional”.
Kast, líder del Partido Republicano y quien asumirá el cargo el 11 de marzo, nombró a Fernando Barros como ministro de Defensa y a Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos formaron parte del equipo jurídico que defendió a Pinochet en distintos procesos judiciales.
Barros, de 68 años, encabezó la defensa del exdictador cuando fue detenido en Londres en 1998, tras una solicitud de extradición presentada por la justicia española por crímenes de lesa humanidad. Rabat, de 53 años, representó a Pinochet en una causa por presunta malversación de fondos públicos. El exgobernante falleció en 2006 sin haber recibido condena judicial, pese a las múltiples acusaciones en su contra.
Durante la ceremonia de presentación del gabinete, Kast afirmó que la selección de ministros no respondió a negociaciones políticas. “Este gabinete no nace de cuotas ni de presiones, sino de la convicción de poner a Chile por delante”, sostuvo.
La designación de Rabat, que ya se daba por descontada, generó un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, calificó el nombramiento como “una falta de respeto” hacia las víctimas de la dictadura.
Un gabinete para una “emergencia nacional”
Kast, de 60 años, obtuvo una amplia victoria en la segunda vuelta frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara, con un discurso centrado en el combate a la delincuencia y a la migración irregular. En el documento oficial de presentación, el presidente electo señaló que sus 24 ministros no fueron convocados para administrar la normalidad, sino para enfrentar una crisis profunda del país.
En la Cancillería fue designado Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco. Aunque no cuenta con experiencia diplomática, Kast apuesta por su perfil empresarial para impulsar la llegada de inversiones extranjeras.
El Ministerio de Hacienda quedará en manos de Jorge Quiroz, principal asesor económico del mandatario electo y una figura cercana al sector empresarial. Su nombramiento fue cuestionado por parlamentarios de izquierda debido a su historial como asesor de compañías investigadas por colusión.
La cartera de Seguridad será liderada por Tamara Steinert, exfiscal de la Región de Tarapacá, reconocida por encabezar investigaciones contra la organización criminal Tren de Aragua en Chile. En Deportes, Kast nombró a la exatleta Natalia Ducó, quien en el pasado cumplió una sanción por dopaje.
Aunque durante la campaña prometió un “gobierno de unidad”, Kast optó por un gabinete con un marcado perfil técnico y sin militancia partidista. Para el politólogo Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, se trata de una apuesta arriesgada, pues no garantiza un blindaje político frente a una oposición que anticipa una actitud confrontacional.
La polémica ministra de la Mujer
Uno de los nombramientos más controvertidos fue el de Judith Marín, de 30 años, como ministra de la Mujer e Igualdad de Género. Marín es una reconocida opositora al aborto y fue dirigente estudiantil de una organización vinculada a una iglesia evangélica de línea ultraconservadora.
Ha defendido públicamente la noción de “familia natural” y protagonizó un incidente en el Senado, del que fue expulsada tras interrumpir una votación sobre la despenalización del aborto en causales específicas. En declaraciones recientes, afirmó que Chile atraviesa una “crisis espiritual, moral y social” que requiere una respuesta desde la fe.
Actualmente, el aborto en Chile está permitido en tres circunstancias: riesgo para la vida de la madre, violación y inviabilidad fetal. El Congreso debate un proyecto impulsado por el gobierno saliente que busca ampliar la despenalización hasta la semana 14 de gestación, una iniciativa que el nuevo gobierno ha cuestionado abiertamente.