El Gobierno colombiano manifestó su rechazo a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a productos provenientes de Colombia, medida que Quito justificó por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro calificó el argumento como infundado y anunció que su administración adoptará medidas en respuesta.
A través de declaraciones públicas, el mandatario colombiano defendió la gestión de su gobierno en la frontera común y aseguró que Colombia ha intensificado las acciones contra las economías criminales que operan hacia el sur del continente. “Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, realizado centenares de combates y recuperado cientos de fusiles. Combatimos el narcotráfico por mar, tierra y aire”, afirmó Petro.
Uno de los principales señalamientos del Gobierno ecuatoriano apunta a que el tráfico de drogas tiene origen mayoritariamente en territorio colombiano. Sin embargo, Petro sostuvo que su país ha entregado a Ecuador a varios capos y miembros de estructuras criminales capturados en Colombia, como parte de los compromisos bilaterales en materia de seguridad.
El jefe de Estado también mencionó el caso de Óscar Alcántara, alias “El Mosco”, capturado en Ecuador y señalado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Petro indicó que, hasta el momento, no se han iniciado gestiones formales para la entrega de esta persona a las autoridades colombianas. “Esperamos que se nos entregue”, puntualizó.
En paralelo, el presidente insistió en que uno de los nuevos ejes prioritarios de su gobierno es el combate al tráfico de insumos utilizados para la producción de fentanilo, especialmente en la región del Pacífico, un tema que también ha generado fricciones con Estados Unidos.
La Cancillería colombiana, encabezada por Rosa Villavicencio, emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano, al considerarla unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN). En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el trabajo conjunto entre ambos países y destacó los avances logrados en cooperación binacional.
Según cifras oficiales, las incautaciones de cocaína en la frontera con Ecuador aumentaron en un 37,6 %. Además, se reportaron 91 coordinaciones bilaterales que derivaron en 26 operativos conjuntos, con resultados que incluyen 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de siete personas.
La Cancillería reiteró el llamado a Ecuador para reconsiderar la medida arancelaria, advirtiendo que podría generar “impactos nocivos” para las poblaciones de ambos países.
Como respuesta concreta, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, en lo que constituye la primera represalia económica formal tras la imposición de los aranceles.
Relaciones bilaterales en tensión
Aunque el Gobierno colombiano subraya que la relación bilateral se mantiene activa y con canales de cooperación abiertos, los recientes acontecimientos se suman a una serie de episodios que han tensionado los vínculos entre Bogotá y Quito durante la administración Petro.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la posición del mandatario colombiano frente a la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, para quien Petro ha solicitado su liberación en reiteradas ocasiones. En septiembre de 2025, el Gobierno colombiano incluso le otorgó la ciudadanía, decisión que fue rechazada por Ecuador y que no tuvo efectos jurídicos, dado que Glas conserva su nacionalidad ecuatoriana. El exfuncionario enfrenta varios procesos judiciales por corrupción en su país.