Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) habrían sido desvinculados en las últimas horas, en medio de un proceso de cambios administrativos que se dio tras la llegada de la nueva directora de la entidad, Nhora Yhanet Mondragón, y a pocos días de que comience a regir la Ley de Garantías.
Las decisiones se conocieron en la mañana de este 27 de enero, luego de que durante la tarde del lunes se produjera una serie de declaraciones de insubsistencia que afectaron a distintos niveles del organismo. Entre los cargos removidos figuran Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefa de prensa, y Luz Dary Cruz, responsable del área de Talento Humano durante más de dos décadas.
En el caso de Cruz, la salida ha generado especial preocupación, ya que se encontraba próxima a cumplir los requisitos para pensionarse y contaba con estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, que protege a servidores públicos que están a menos de tres años de obtener la pensión.
De acuerdo con versiones conocidas, entre los funcionarios afectados también habría madres cabeza de familia, trabajadores sindicalizados, personas con incapacidades médicas, así como personal operativo como camareros y conductores.
En declaraciones a Blu Radio, Carolina Calderón aseguró que, semanas atrás, el presidente Gustavo Petro había leído una circular durante un Consejo de Ministros privado en la que solicitaba no realizar despidos durante el resto de su mandato. Según relató, incluso durante el reciente remezón ministerial, el jefe de despacho José Raúl Moreno le habría reiterado que no se producirían desvinculaciones por instrucción directa del mandatario. No obstante, en la noche del 26 de enero, varios empleados recibieron formalmente la notificación de su salida.
Paralelamente, se ha advertido que una situación similar estaría ocurriendo en la Cancillería, donde funcionarios de carrera estarían siendo retirados de posiciones estratégicas para dar paso a contratistas, en un movimiento que buscaría concretar los ajustes de personal antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Según información conocida, durante el mes de enero cerca de 200 personas habrían dejado sus cargos en diferentes sedes diplomáticas, incluidos consulados en México, Perú, Bolivia, Australia y Dinamarca.