El coronel retirado Juan Carlos Figueroa, antiguo comandante del Batallón de Infantería La Popa, aceptó su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en Valledupar y otras zonas del Caribe colombiano, lo que modifica de fondo su situación jurídica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La admisión se produjo durante la audiencia preparatoria al juicio adversarial, realizada este 27 de enero, en la que el exoficial reconoció su participación en los hechos, pese a que en un inicio los había negado. En 2021, su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) luego de rechazar cualquier responsabilidad en los crímenes por los que fue imputado.
Figueroa estuvo al mando del Batallón La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005 y había sido señalado como máximo responsable en 38 casos de falsos positivos, por los cuales enfrentaba un eventual juicio adversarial ante la justicia transicional. Con su reciente reconocimiento, ese escenario quedó descartado.
El proceso hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones de civiles presentados como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública. En particular, se enmarca en el subcaso Costa Caribe, que analiza crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a miembros del Batallón La Popa, presuntamente en coordinación con estructuras paramilitares en departamentos como Cesar y La Guajira.
De no haber aceptado los cargos, el exmilitar se habría enfrentado a un juicio que estaba previsto para marzo en Valledupar y a una posible condena de hasta 20 años de prisión, en caso de ser hallado culpable de los 24 hechos criminales formulados por la UIA, órgano investigador de la JEP.
Tras su aceptación tardía de responsabilidad, Figueroa deberá ahora reconocer públicamente su rol dentro de la política criminal de las ejecuciones extrajudiciales. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 a. m. Posteriormente, la JEP emitirá una sentencia alternativa, cuya sanción podría oscilar entre cinco y ocho años de prisión.
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