El Gobierno de España aprobó un plan extraordinario de regularización migratoria que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de 500.000 personas en situación irregular, una decisión que beneficiará de forma significativa a ciudadanos latinoamericanos, especialmente colombianos.
La medida, avalada este martes en el Consejo de Ministros, está dirigida a migrantes que hayan permanecido en el país al menos cinco meses, que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. Así lo explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la televisión pública.
El proceso de regularización se realizará entre abril y el 30 de junio, periodo durante el cual los solicitantes podrán iniciar los trámites para acceder a un estatus legal que les permitirá trabajar en cualquier sector y en cualquier región del país.
“Estamos ante una decisión histórica. Apostamos por un modelo migratorio que pone en el centro los derechos humanos, la integración y el desarrollo económico”, afirmó Saiz durante la presentación oficial del plan.
Una política migratoria a contracorriente de Europa
La iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez contrasta con la línea restrictiva adoptada por varios países de la Unión Europea, donde el endurecimiento de las políticas migratorias ha estado impulsado por el avance de la extrema derecha.
Sánchez ha defendido reiteradamente un enfoque basado en la migración legal, ordenada y humana, al tiempo que ha resaltado su impacto positivo en la economía. Según el mandatario, el 80 % del crecimiento económico registrado en los últimos seis años está vinculado a la migración, así como el 10 % de los ingresos del sistema de seguridad social.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en España cayó por debajo del 10 % en el último trimestre de 2025, con una participación relevante de trabajadores extranjeros entre los nuevos empleos generados.
Contexto demográfico y respaldo político
El anuncio se suma a la reforma del reglamento de extranjería presentada en noviembre de 2024, con la que el Gobierno planteó regularizar 300.000 personas por año durante tres años, como respuesta al envejecimiento poblacional y a la caída sostenida de los nacimientos, que han disminuido 25,6 % desde 2014, según cifras oficiales.
España tiene actualmente 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Datos de Funcas indican que, a comienzos de 2025, cerca de 840.000 migrantes irregulares residían en el país, la mayoría procedentes de América Latina.
Para agilizar su implementación, el plan fue aprobado mediante real decreto, lo que evita su debate en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría. La iniciativa se produce tras un acuerdo con Podemos, antiguo socio de gobierno del PSOE.
Desde esa colectividad, la eurodiputada Irene Montero respaldó la medida y lanzó críticas a las políticas migratorias de Estados Unidos: “Frente al racismo se responde con derechos. Mientras otros criminalizan, nosotros regularizamos”.
Críticas desde la oposición
La decisión generó fuertes cuestionamientos desde los partidos de derecha y extrema derecha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el Gobierno “premia la ilegalidad” y acusó a Sánchez de utilizar la medida para desviar la atención de recientes crisis internas.
Por su parte, Santiago Abascal, dirigente de Vox, calificó el plan como un “efecto llamada” y lo tildó de amenaza para la soberanía nacional.
En contraste, organizaciones sociales y la Iglesia católica celebraron la iniciativa, a la que definieron como un acto de justicia social. La última regularización masiva en España se había realizado en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Colombianos, entre los principales beneficiarios
Aunque el Ejecutivo calcula que la medida alcanzará a medio millón de personas, otros análisis elevan la cifra potencial hasta 840.000 migrantes. La mayoría son latinoamericanos.
Entre ellos, los colombianos destacan como el grupo más numeroso, con cerca de 290.000 personas en situación irregular. Les siguen ciudadanos de Perú (unos 110.000) y Honduras (alrededor de 90.000). En proporciones mucho menores aparecen migrantes de origen africano, asiático y europeo.
Con este plan, España busca no solo resolver una situación administrativa, sino también reforzar su mercado laboral y su sostenibilidad social en el mediano plazo.