El Gobierno nacional autorizó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, señalado como máximo cabecilla de la organización criminal conocida como “La Inmaculada”. La decisión, firmada por el presidente Gustavo Petro, implica que el detenido deberá responder ante la justicia estadounidense por varios cargos relacionados con el narcotráfico internacional.
La autorización fue formalizada el lunes 26 de enero. Marín Silva es requerido por una corte federal de Estados Unidos por delitos que incluyen conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de tráfico, conspiración para exportar estupefacientes con destino a ese país y la fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de su ingreso ilegal al territorio estadounidense.
La extradición ya había sido avalada en noviembre de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos legales exigidos tras revisar el material probatorio remitido por las autoridades norteamericanas.
Alias “Pipe Tuluá” fue condenado en marzo de 2022 a 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 39 homicidios, siete intentos de asesinato y otros delitos asociados al concierto para delinquir. Las autoridades lo consideran el líder de “La Inmaculada”, una de las estructuras criminales con mayor influencia en el Valle del Cauca y con nexos directos con redes del narcotráfico.
Con esta determinación, el Ejecutivo descartó de manera definitiva cualquier escenario de negociación con el jefe de esta organización ilegal. Según informes oficiales, Marín Silva continuaba coordinando actividades delictivas desde prisión, lo que reforzó la postura del Gobierno frente a su extradición.
En el acto administrativo que respalda la decisión, el Gobierno recordó que en diciembre de 2025 se había expedido una resolución que autorizaba únicamente acercamientos exploratorios con “La Inmaculada” para evaluar su eventual voluntad de paz. No obstante, aclaró que nunca se instaló un espacio formal de diálogo ni se reconocieron voceros oficiales de esa estructura armada.
Actualmente, alias “Pipe Tuluá” permanece bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha suspendiera su traslado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, mientras se completan los trámites administrativos finales para su entrega a las autoridades estadounidenses.
El traslado del detenido desde el centro penitenciario generó una fuerte reacción de la banda criminal en el municipio de Tuluá, donde se registraron ataques contra taxis y establecimientos comerciales, así como la imposición de un toque de queda. Estos hechos llevaron a declarar alerta máxima en el sistema penitenciario y se produjeron en medio de amenazas contra funcionarios del Inpec.
De acuerdo con información de inteligencia, el cambio de lugar de reclusión respondió a un presunto plan de fuga que se estaría gestando desde el interior de la cárcel. Las autoridades detectaron que integrantes de “La Inmaculada” habrían reunido cerca de 800 millones de pesos para facilitar una evasión mediante sobornos a funcionarios penitenciarios.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, señaló que el proceso de extradición se ha dado en un contexto complejo, marcado por amenazas directas contra altos funcionarios del Inpec. El funcionario confirmó que aún queda pendiente un recurso por parte de la defensa de Marín Silva, aunque advirtió que difícilmente se presentarán argumentos jurídicos que modifiquen la decisión del Gobierno de avanzar con la extradición.