En medio de la demanda que busca dejar sin efecto la creación de dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, el jefe negociador del Gobierno en ese proceso, Álvaro Jiménez, defendió la legalidad de la medida y afirmó que el Ejecutivo actúa con base en la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total.
Mientras el Consejo de Estado decide si admite la demanda, Jiménez sostuvo que el Gobierno cuenta con respaldo normativo suficiente para avanzar en la implementación de las ZUT, concebidas como espacios de tránsito hacia la vida civil para los integrantes de ese grupo armado, considerado el más grande del país. En entrevista con Colombia+20, explicó que la acción del Ejecutivo está amparada tanto por la ley como por el aval de la Corte Constitucional sobre dicha normativa.
El negociador reconoció el derecho ciudadano del demandante a cuestionar las decisiones del Gobierno, pero afirmó que los argumentos jurídicos expuestos parten de interpretaciones equivocadas, asunto que deberá ser resuelto por el alto tribunal. Señaló además que, hasta ahora, el Ejecutivo solo conoce la demanda por información de prensa y que aún no ha sido notificado formalmente de su admisión.
Frente a las críticas que señalan que la creación de las ZUT debería pasar por el Congreso y no ser una decisión exclusiva del Ejecutivo, Jiménez insistió en que la Ley 2272 faculta al presidente para adoptar este tipo de medidas, siempre que se actúe dentro de los límites legales establecidos.
Uno de los puntos centrales de la controversia es si el proceso con el Clan del Golfo puede considerarse en una “fase avanzada”, como lo exige la ley para autorizar las ZUT. Al respecto, Jiménez explicó que esa valoración corresponde al presidente de la República, quien, a su juicio, consideró que el nivel de acuerdos alcanzados y su desarrollo justificaban la expedición del decreto que dio vida a estas zonas.
También rechazó la tesis de que se requiera una ley adicional de sometimiento para este caso, al señalar que la normativa vigente distingue entre distintos tipos de organizaciones armadas y que el proceso con el Clan del Golfo se enmarca en la categoría que no exige ese trámite legislativo adicional.
Sobre el eventual impacto de una admisión de la demanda, Jiménez aclaró que, de ocurrir, el Gobierno ejercerá su derecho a la defensa jurídica y continuará actuando conforme al marco legal mientras no exista una decisión en contrario.
Otro de los puntos sensibles abordados fue la suspensión de órdenes de captura, incluso con fines de extradición. El negociador explicó que la ley contempla esta posibilidad para quienes ingresen a las ZUT, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y bajo decisión del presidente de la República.
En relación con la extradición de jefes del Clan del Golfo, como alias “Chiquito Malo”, Jiménez indicó que aún no existe un listado definitivo de las personas que ingresarían a las zonas y reiteró que cualquier decisión sobre extradiciones será tomada exclusivamente por el presidente, previo concepto de las autoridades competentes.
Frente a los cuestionamientos sobre los gestos de paz del grupo armado, el negociador reconoció que la violencia del Clan del Golfo no ha cesado y que el proceso no ha llegado aún a una fase de desmonte definitivo de la estructura. Sin embargo, sostuvo que existen mecanismos de verificación, con acompañamiento de la OEA, para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Jiménez negó que las ZUT representen un beneficio injustificado para el grupo armado y afirmó que se trata de una herramienta orientada a su eliminación como estructura criminal, dentro de un proceso gradual y complejo.
Respecto al calendario electoral, recordó que las ZUT están previstas para iniciar el 1 de marzo, en un contexto marcado por elecciones legislativas y presidenciales. Aseguró que uno de los compromisos adquiridos por el Clan del Golfo es el respeto a la llamada “paz electoral”, entendida no solo como la no interferencia el día de las votaciones, sino como la garantía de campañas libres de presiones y violencia.
Finalmente, Jiménez señaló que el proceso de conversaciones continúa de manera permanente, con participación de autoridades locales, comunidades y organismos internacionales, aunque aclaró que no hay una fecha definida para una próxima ronda formal de negociaciones. Sobre la preparación de los territorios donde se ubicarían las ZUT, admitió que nunca es suficiente, pero aseguró que existen diálogos y avances con comunidades y autoridades locales.