El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo contrato con la Imprenta Nacional por 185.000 millones de pesos para asegurar la producción y distribución de pasaportes hasta el 31 de diciembre de 2026, una decisión que ha encendido alertas sobre la viabilidad y el calendario del nuevo modelo de expedición que el Gobierno planea implementar con Portugal a partir de abril.
El convenio fue suscrito el 29 de enero, apenas días antes de que entrara en vigor la ley de garantías electorales, y busca garantizar la continuidad del servicio durante todo el año. No obstante, el acuerdo coincide temporalmente con el contrato firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, que hace parte de la estrategia impulsada por el presidente Gustavo Petro para modificar el esquema de expedición de pasaportes y retirar a la multinacional Thomas Greg & Sons del control del proceso.
Cuestionamientos políticos
La firma del nuevo contrato generó reacciones inmediatas en el Congreso. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, expresó fuertes cuestionamientos y advirtió posibles irregularidades en la planeación del cambio de modelo.
“Esto huele mal. En diciembre, la Imprenta me respondió un derecho de petición diciendo que el proceso tardaría 35 semanas desde la firma. Con este nuevo contrato, ¿arrancarían a producir pasaportes el 1 de abril? ¿Estamos ante otra urgencia manifiesta? No hay derecho”, señaló la congresista.
Lozano sostuvo que este convenio no figuraba en el cronograma oficial, por lo que, a su juicio, se le habría ocultado información a la opinión pública. Además, recordó que se trata del tercer contrato similar, lo que, según dijo, evidencia una grave improvisación y abre la puerta a una eventual contratación directa del servicio.
Advertencias de la Contraloría
A comienzos de este año, la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia sobre los riesgos asociados al nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes. El ente de control alertó sobre posibles impactos financieros, operativos y de planeación, así como un riesgo inminente para el patrimonio público.
Según la Contraloría, el Gobierno no ha presentado una estimación integral de los costos, lo que podría comprometer las fuentes de financiación del modelo. También advirtió sobre eventuales sobrecostos operativos, la exposición al riesgo cambiario y posibles retrasos en la ejecución del convenio con Portugal, factores que pondrían en peligro la sostenibilidad del esquema y la continuidad del servicio.
Respuesta del Gobierno
Tras el pronunciamiento del organismo de control, la Cancillería aseguró que el proceso avanza conforme al cronograma previsto. En ese contexto, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional y a los integrantes del Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo (COEP), en el que ordenó incorporar las observaciones de la Contraloría y fortalecer los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.
El presidente Gustavo Petro también respondió públicamente a las advertencias y afirmó que el nuevo esquema permitirá a Colombia contar con “el cuarto mejor pasaporte del mundo”, asegurando además que el modelo “está listo”.
Sin embargo, la Contraloría reiteró, hace apenas dos semanas, que persisten “riesgos relevantes” en el proceso de transición hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes, manteniendo abiertas las dudas sobre su implementación en los tiempos anunciados.