Un proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional encendió las alarmas entre usuarios, conductores y empresas de plataformas digitales de transporte. Aunque oficialmente la iniciativa busca actualizar el régimen sancionatorio del sector, su contenido plantea un escenario que, en la práctica, podría sacar del mercado a los servicios de transporte prestados con vehículos particulares mediante aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify o InDrive.
La propuesta redefine estas actividades como ilegales y sancionables, sin crear una vía legal para su habilitación. De aprobarse en los términos actuales, el efecto no sería una regulación, sino una prohibición indirecta, con consecuencias económicas y sociales de gran escala.
Multas, inmovilizaciones y cierres sin juez
El articulado contempla sanciones severas. Las multas podrían alcanzar hasta COP 4,7 millones por cada viaje, tanto para conductores como para plataformas, bajo la figura de “facilitación de transporte ilegal”. Además, se establecen inmovilizaciones progresivas de los vehículos: 60 días en la primera infracción, 90 en la segunda y hasta 120 días en reincidencias posteriores.
Uno de los puntos más controversiales es que la Superintendencia de Transporte, las alcaldías y las áreas metropolitanas quedarían facultadas para ordenar la suspensión inmediata de aplicaciones o líneas completas de servicio, sin necesidad de una orden judicial. Esto habilitaría cierres preventivos, bloqueos administrativos y decisiones de alto impacto, con efectos directos sobre millones de usuarios y trabajadores digitales.
Para el gremio del sector, este enfoque vulnera principios como la neutralidad de la red, al permitir que autoridades administrativas discriminen servicios digitales sin control judicial previo.
De trabajadores informales a “problema de orden público”
El artículo 68 del proyecto ha generado especial preocupación. Allí se señala que los servicios de transporte ilegales constituyen un factor con potencial de afectar el orden público y la convivencia pacífica, por lo que su control sería una obligación preventiva de la Policía Nacional.
En términos normativos, esto implica un cambio profundo: el conductor de plataforma deja de ser visto como un trabajador informal y pasa a ser tratado como un riesgo para la seguridad, con intervención policial incluida.
“No es regulación, es proscripción”
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, el gremio que agrupa a las plataformas digitales, sostiene que el proyecto contradice decisiones judiciales vigentes, incluidas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“La Corte Suprema ha reconocido que estos servicios materializan el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos”, afirmó López. En su lectura, la iniciativa no busca ordenar el fenómeno, sino eliminarlo.
También advirtió que los conductores que hoy operan de manera honesta serían los principales afectados, al quedar expuestos a sanciones que harían inviable su actividad económica.
Sanciones a conjuntos residenciales y advertencia a funcionarios
El alcance del proyecto no se limita a conductores y plataformas. El artículo 88 introduce sanciones de hasta COP 726 millones para propiedades horizontales que no colaboren con los controles, lo que incluye conjuntos residenciales donde ingresen o recojan pasajeros vehículos de plataformas.
Adicionalmente, el artículo 69 impone lo que el gremio califica como una “mordaza institucional”. Allí se establecen “obligaciones especiales” para funcionarios públicos, quienes deberán abstenerse de promover, incentivar o respaldar públicamente servicios de transporte considerados informales o ilegales.
Según López, esto restringe el debate público y afecta la deliberación democrática de congresistas, alcaldes y otros servidores públicos.
Un proyecto que ignora el contexto económico
La iniciativa llega en un momento económico delicado. Para 2025, el Banco de la República proyecta un crecimiento del PIB de 2,9 %, mientras la informalidad laboral se mantiene en 55,4 % y el desempleo en 8,9 %, una de las cifras más bajas desde comienzos de siglo, según el DANE.
Solo en 2025, 112.000 personas más ingresaron al sector de transporte y almacenamiento, que hoy emplea a 1,8 millones de trabajadores. En el caso de Uber, la plataforma reporta más de 100.000 arrendadores de vehículos, de los cuales cerca de 25.000 son taxistas.
Desde esta perspectiva, el proyecto no reduciría la informalidad, pero sí podría incrementar el desempleo, debido al efecto disuasorio de las sanciones.
Sin puerta de entrada legal para las plataformas
Uno de los aspectos más críticos es que el proyecto no crea un mecanismo de habilitación para que los conductores de plataformas puedan operar legalmente. Por el contrario, exige documentos que solo existen en modalidades tradicionales reguladas.
Según el articulado, solo puede prestar el servicio sin sanción quien cumpla con requisitos como:
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Vehículo inscrito en una modalidad de transporte reconocida por la ley.
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Vinculación a una empresa habilitada (cuando aplique).
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Documentación vigente exigida para esa modalidad.
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Cumplimiento de tarifas, controles y despachos regulados.
Un conductor de Uber, DiDi o Cabify no puede cumplir estas exigencias, ya que no puede obtener Tarjeta de Operación, FUEC, Tarjeta de Control de Tarifas ni Planilla de Despacho, figuras exclusivas de vehículos adscritos a empresas habilitadas como taxis, transporte especial o carga.
Un giro definitivo en el debate
Durante años, la discusión giró en torno a cómo regular la convivencia entre taxis y plataformas. El proyecto actual plantea algo distinto: definir qué modelos pueden existir y cuáles no dentro del sistema de movilidad.
Incluso los taxistas formales podrían verse afectados por un esquema sancionatorio más rígido, debido a ambigüedades del texto que obligan a ejecutar cada viaje bajo el régimen taxi, incluso cuando se utilicen plataformas tecnológicas.
Por ahora, la decisión está en manos del Congreso de la República. Si el proyecto avanza, no solo transformará la movilidad urbana, sino que marcará un precedente sobre cómo el Estado decide el lugar de la innovación dentro de la economía digital.
Y, paradójicamente, el mayor riesgo podría ser el mismo que la iniciativa intenta corregir: la insatisfacción ciudadana con el sistema de transporte.