Un grupo de economistas, exministros, excodirectores del Banco de la República y académicos envió una carta a la mesa de concertación del salario mínimo para 2026 en la que advierte sobre los riesgos de un incremento que supere ampliamente la inflación y la productividad.
En el documento, los firmantes subrayan la necesidad de que el ajuste del salario mínimo responda a criterios técnicos y económicos, con el fin de preservar su poder adquisitivo sin generar distorsiones en el mercado laboral ni presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Según la misiva, aumentos que excedan los niveles de inflación y productividad pueden traducirse en mayores niveles de informalidad laboral y en presiones inflacionarias que terminan afectando con más fuerza a los hogares de menores ingresos. A su juicio, un ajuste desproporcionado debilitaría la función del salario mínimo como instrumento de protección social.
Los expertos citan el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, que proyecta un incremento del 7,1 %, y advierten que cada punto porcentual adicional implicaría un costo cercano a $240.000 millones en pensiones, además de alrededor de $600.000 millones en gasto público no financiado.
Informalidad, el punto crítico
En la carta se insiste en que Colombia enfrenta una estructura laboral marcada por la informalidad y amplias brechas entre trabajadores formales e informales, lo que obliga a que la negociación tenga en cuenta de manera prioritaria variables como la inflación y la productividad.
“Un acuerdo responsable y basado en criterios técnicos es clave para proteger a los trabajadores formales y, al mismo tiempo, generar oportunidades para quienes hoy se encuentran en la informalidad o en búsqueda de empleo”, señalan los firmantes.
Finalmente, el documento expresa confianza en que el diálogo entre Gobierno, empresarios y centrales obreras permita alcanzar un ajuste equilibrado, que sea sostenible en el tiempo y contribuya al fortalecimiento del empleo formal y al crecimiento económico del país.