Un nuevo hecho de violencia contra líderes sociales se registró en Barrancabermeja. En la noche del jueves 5 de febrero fue asesinada Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, de 58 años, destacada lideresa social y presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Centenario, ubicado en la comuna 7 del municipio. En el mismo ataque perdió la vida su hijo, Kevin Andrés Straus Valderrama, de 32 años.
Según el reporte preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron a la vivienda de Valderrama Pinzón y dispararon contra ella y su hijo, causándoles la muerte de manera inmediata. Hasta el momento no se han producido capturas relacionadas con este doble homicidio.
El crimen vuelve a encender las alertas sobre la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en el país. Con este caso, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que ya son 12 los líderes y lideresas sociales asesinados en lo que va de 2026, una cifra que preocupa a organizaciones sociales y de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre este escenario en una alerta temprana emitida en septiembre de 2025, en la que señaló que, de cara a los procesos electorales, grupos armados como disidencias de las antiguas Farc, el Eln, el Clan del Golfo y estructuras del crimen organizado, entre ellas Comandos de la Frontera, estarían ejerciendo presiones sobre la población y los actores políticos. Estas dinámicas, indicó el organismo, se desarrollan en un contexto marcado por la violencia de género.
El documento advierte que los escenarios de riesgo se originan en la imposición de normas sociales de control que afectan de manera directa la participación social y política de las mujeres. Entre las conductas identificadas se encuentran feminicidios, transfeminicidios, reclutamiento forzado, violencia sexual, además de amenazas y hostigamientos.
La Defensoría también señaló que el control social sobre las mujeres se manifiesta a través de medidas como toques de queda, restricciones a la movilidad para asistir a espacios de participación, limitaciones para el desarrollo de actividades organizativas y la prohibición de reunirse en espacios públicos.
A estas prácticas se suma el control de las actividades comunitarias y la restricción de la protesta social, lo que ha generado un deterioro del tejido social y organizativo. En este contexto, muchas lideresas deben informar a los actores armados sobre sus desplazamientos y portar permisos de movilidad expedidos por las Juntas de Acción Comunal.
Según el organismo, estas restricciones tienen tres efectos principales: el retiro progresivo de mujeres de los espacios organizativos por el temor a represalias; la disminución de la participación comunitaria en iniciativas lideradas por mujeres; y el aislamiento de las lideresas más visibles en los territorios, lo que incrementa su vulnerabilidad y afecta gravemente su salud emocional al sentirse expuestas y sin respaldo.