El Espectador dialogó con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, sobre las consecuencias de la suspensión de la emergencia económica, sus aspiraciones de asumir la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos y el estado de su relación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Había una propuesta para construir un ferrocarril que conectara la Orinoquía con el Pacífico. ¿Ha habido avances? ¿Ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre el tema?
Con el presidente no hemos tenido ningún diálogo. Solo coincidimos en una reunión en la Casa de Nariño para hablar de la vía a Villavicencio; fuera de eso, la comunicación con él es inexistente y con los ministros apenas dos o tres responden llamadas. Hoy no hay interlocución con los gobiernos territoriales.
La conexión Orinoquía–Pacífico, en su concepción original, es una carretera. Parte desde Puerto Carreño, pasa por Villavicencio, Uribe y Mesetas, y continúa hacia Huila, Tolima y Valle del Cauca. Son cerca de 1.492 kilómetros que impactan a 330 municipios del país.
El presidente ha planteado una alternativa férrea entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Incluso se inició un proceso con la Upit para ese proyecto. Sin embargo, surge la pregunta: si aún no logramos resolver de manera definitiva la vía Bogotá–Villavicencio, que es la principal arteria del país, ¿cómo pensar en un tren? No es falta de voluntad, es una cuestión de prioridades: primero garantizar la conectividad básica.
Lo que buscamos con este Gobierno es que se asignen recursos para el primer tramo de la vía Bogotá–Amazorinoquía, una doble calzada hasta el Boquerón que sería una solución estructural para toda la región.
¿Qué efectos tuvo en el Meta la decisión de la Corte que eliminó los monopolios del alcohol?
Ha sido un golpe muy fuerte. Yo les digo a mis colegas gobernadores que esta no es una pelea entre aguardientes regionales —el Llanero, el Antioqueño o el del Tolima—, sino una competencia contra bebidas importadas como el whisky y el tequila. En México entendieron eso y se unieron los productores alrededor de la ruta del tequila.
Ese será uno de mis objetivos cuando asuma la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos: lograr que las licoreras departamentales se unan en una gran estrategia conjunta para proteger el licor nacional, que es parte de la identidad regional.
Lamentablemente, el contrabando se ha incrementado de manera alarmante. Con el decreto, en lugar de controlarlo, se incentivó. Un estudio indica que solo en el caso del tabaco el contrabando creció 36 %.
Por eso los gobernadores empezamos a cuestionar el decreto: representa una intromisión directa en el presupuesto y la autonomía fiscal de los departamentos, pues afecta el impuesto al consumo de licores y cigarrillos.
Estos recursos financian sectores esenciales como salud, educación y deporte. Del recaudo, el 82 % se destina a salud. En el Meta contamos con 19 hospitales, y el de Villavicencio atiende pacientes de siete departamentos. Esperamos que en el fallo definitivo la Corte Constitucional declare inexequible el decreto que los gobernadores hemos venido rechazando.
Estamos enfrentando un modelo de centralización excesiva. Los gobernadores terminan recorriendo ministerios con una carpeta bajo el brazo pidiendo recursos, y así no se avanza. Cada vez nos transfieren menos, mientras nos asignan más responsabilidades. Confiamos en que la Corte emita un pronunciamiento de fondo sobre este problema estructural del impuesto al consumo.
Ha mencionado alianzas entre el Meta, Valle del Cauca y Antioquia. ¿Cómo avanzan los acuerdos entre gobernadores para fortalecer la descentralización?
El año pasado logramos avanzar en el Congreso con el aumento del Sistema General de Participaciones. El objetivo es que el próximo año haya más recursos y se materialice la descentralización consagrada en la Constitución de 1991. Ahora estamos a la espera de la Ley de Competencias, pero no basta con recibir más dinero: necesitamos claridad sobre en qué se puede invertir.
No sirve trasladar recursos sin un propósito claro. Lo que buscamos es invertirlos en mejorar escuelas, hospitales y sistemas de saneamiento básico, para elevar la calidad de vida en los territorios. Este año, sin embargo, ha sido complejo: es un año electoral, se elige Congreso y presidente. Aun así, esperamos que el Legislativo permita avanzar.
Nuestra democracia se basa en la separación de poderes. Si no existiera, la preocupación sería mayor, sobre todo porque no hemos logrado una articulación efectiva con el Gobierno nacional. Al presidente Petro le quedan pocos meses de mandato; ojalá pueda rectificar el rumbo y sentarse a dialogar con los gobernadores. El decreto expedido en diciembre debió construirse de manera concertada. De haber sido así, no estaríamos en una confrontación tan fuerte por los derechos de los habitantes de cada departamento.
¿Qué legado espera dejar al finalizar su administración?
La prioridad es la seguridad. Con seguridad, el campesino de Mesetas puede sacar su producción y los inversionistas se animan a llegar. Aunque se han presentado enfrentamientos en el sur de Vista Hermosa, donde hubo dos bajas de la guerrilla, el departamento está bajo control.
Mi mayor legado será haber encaminado al Meta hacia la agroindustria mediante el plan de ordenamiento territorial. Reconocer que el departamento es diverso: desde la sabana de Puerto Gaitán hasta los campesinos de ruana en la montaña que cultivan frijol. Queremos que los jóvenes permanezcan en el campo, con tecnología y formación adecuada. Ese es el cambio de rumbo que impulsa este gobierno departamental.