La Corte Constitucional decidió suspender este 6 de febrero el Decreto Legislativo 0044 de 2026, mediante el cual el Gobierno había establecido una contribución del 2,5 % sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía, además de la obligación de entregar el 12 % de la energía hidráulica comercializada en bolsa. La norma buscaba recaudar cerca de COP 300.000 millones para atender la crisis financiera de Air-e.
Como contraprestación, el decreto contemplaba un descuento tributario equivalente al 50 % de la base gravable del impuesto de renta, calculado a partir del valor de la energía entregada. Con la decisión del alto tribunal, la aplicación de la medida queda suspendida mientras se emite un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
La determinación de la Corte se produjo una semana después de que se dejara sin efectos el decreto que declaró la emergencia económica en diciembre de 2025. Al caer ese sustento jurídico, los decretos derivados quedaron en entredicho. En el Auto 101 de 2026, la Sala Plena ordenó que el Decreto 0044 no produzca efectos hasta que se resuelva de fondo.
El objetivo de la medida era fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y aliviar la situación de Air-e, comercializadora intervenida que presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que acumula deudas superiores a COP 2,5 billones con generadores y transmisores.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, señaló que cualquier decisión que impacte sectores estratégicos debe ajustarse estrictamente al marco constitucional y sustentarse en criterios técnicos. Recordó que el sistema eléctrico requiere inversiones anuales de entre COP 10 y COP 13 billones para garantizar la continuidad del servicio y que, según XM, el país enfrenta un déficit de energía firme del 1,6 % en 2025, con presiones mayores hacia 2027.
“La seguridad jurídica es fundamental para asegurar inversión, confiabilidad del sistema, sostenibilidad financiera y protección de los usuarios. Sin reglas claras y estables, el sistema se debilita”, afirmó en la red social X.
Posteriormente, Gutiérrez destacó que el sector eléctrico ha invertido más de COP 140 billones en los últimos 30 años y advirtió que modificar las reglas de manera abrupta afecta la confianza de los inversionistas y se convierte en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector.
Desde los gremios, el foco de preocupación ha sido la estabilidad regulatoria. Dado que el sector opera con esquemas de financiación de largo plazo, cualquier cambio normativo inesperado incrementa el costo del capital y retrasa nuevos proyectos.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que las compañías consideraron suspendida la contribución desde el momento en que la Corte frenó la emergencia económica. El Decreto 0044 fue expedido después de esa decisión, lo que generó un vacío jurídico inmediato.
Según Castañeda, el cobro nunca llegó a implementarse, pues la Superintendencia de Servicios Públicos no alcanzó a liquidar la contribución y los generadores no efectuaron pagos, pese a que el decreto fijaba un primer desembolso para el 2 de febrero.
El directivo agregó que la medida impactaba directamente la rentabilidad de los generadores y les imponía obligaciones no contempladas en los contratos originales. Además, la entrega de energía como contraprestación generaba tensiones operativas en un mercado diseñado para transacciones monetarias y un despacho económico centralizado.
Para el sector, el problema estructural sigue siendo la fragilidad financiera del sistema eléctrico en la región Caribe. La deuda de Air-e, el bajo recaudo y las pérdidas técnicas mantienen bajo presión a toda la cadena, con el riesgo de que la iliquidez se traslade al sistema financiero y encarezca el crédito para nuevas inversiones.
El decreto prometía no afectar las tarifas, no alterar el despacho económico, no distorsionar los precios y tener un carácter transitorio. Sin embargo, en la práctica, reducía las utilidades netas de los generadores, introducía obligaciones contractuales adicionales y elevaba el riesgo regulatorio para los inversionistas, además de redistribuir cargas dentro del sistema.
Antes de expedir el Decreto 0044, el Gobierno había considerado un cobro transitorio de COP 8 por kilovatio-hora a nivel nacional para atender la crisis, pero la oposición gremial y el posible impacto en tarifas llevaron a optar por un mecanismo fiscal y en especie.
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) fue una de las primeras en rechazar la medida, al considerar que tenía naturaleza tributaria y que, por tanto, resultaba inconstitucional al no haber pasado por el Congreso.
El Decreto 0044 hacía parte del paquete de acciones con el que el Ejecutivo buscaba recaudar hasta COP 16,3 billones tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Con su suspensión, el Gobierno pierde una fuente inmediata de recursos y el sector eléctrico gana un respiro, aunque sin plena certidumbre.
Air-e continúa intervenida, la deuda persiste y la discusión sobre quién debe asumir el costo de la crisis energética vuelve a un escenario donde las decisiones toman más tiempo y dejan menos margen para soluciones improvisadas.