La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió levantar las medidas cautelares que desde 2018 beneficiaban a Giomar Patricia Riveros Gaitán, exfuncionaria del entonces alcalde de Yopal (Casanare), John Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. De acuerdo con la determinación del organismo, en la actualidad no se evidencian riesgos inmediatos para la seguridad de la mujer.
La CIDH dejó sin efecto las medidas de protección que habían sido concedidas a Riveros Gaitán, quien fue la persona que puso en conocimiento de la Dijin de la Policía Nacional presuntas irregularidades financieras relacionadas con la administración del exmandatario local. La Comisión consideró que las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas ya no se mantienen.
Las medidas cautelares habían sido otorgadas el 27 de agosto de 2018 con el objetivo de salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad personal de la exfuncionaria. En su solicitud, Riveros Gaitán se presentó como defensora de derechos humanos y representante ante la Mesa Nacional de Víctimas, y afirmó estar siendo objeto de amenazas como consecuencia de las denuncias que interpuso por presuntos hechos de corrupción y otros delitos.
Al solicitar el levantamiento de dichas medidas, el Estado colombiano expuso varios argumentos. En primer lugar, señaló que Riveros Gaitán se habría hecho pasar por abogada sin contar con ese título profesional y que, además, habría suscrito un contrato con una entidad pública pese a encontrarse inhabilitada. Asimismo, indicó que la mujer aseguró hacer parte del equipo de trabajo de un exsenador, afirmación que fue desmentida por el propio congresista.
De igual forma, el Estado manifestó que la beneficiaria participó de manera irregular en la Mesa Nacional de Víctimas, de la cual fue posteriormente expulsada, y que no figuraba inscrita en el Registro Único de Víctimas. También informó que Riveros Gaitán fue declarada responsable el 3 de agosto de 2020 por delitos contra la administración pública y que era objeto de investigaciones por la presunta comisión de amenazas contra líderes sociales.
Según el Estado, el proceso penal que dio origen al riesgo alegado para solicitar las medidas cautelares ya había finalizado con la condena de la persona acusada. Además, reiteró que la mujer fue condenada por el delito de violación al régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades y que actualmente cumple una medida de detención domiciliaria, permaneciendo en su lugar de residencia bajo supervisión del INPEC.
Por su parte, la CIDH explicó que, aunque en el pasado Riveros Gaitán fue víctima de amenazas o estuvo expuesta a situaciones de riesgo, en el momento actual no se identifican elementos que indiquen un peligro inminente en su contra. En consecuencia, decidió dejar sin vigencia las medidas cautelares.
La Comisión también recordó que, desde el año 2022, la exfuncionaria contaba con un esquema de protección extensivo a su núcleo familiar, el cual incluía un vehículo blindado, un vehículo convencional, seis escoltas, un chaleco de protección balística y un medio de comunicación.
El proceso contra “Jhon Calzones”
En marzo de 2016, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ocupó 23 bienes pertenecientes al exalcalde de Yopal, “Jhon Calzones”, cuyo valor fue estimado en 200.000 millones de pesos. Entre las propiedades incautadas figuraban un apartamento en Bogotá, varios lotes ubicados en Yopal y en Turbará (Atlántico), ocho vehículos, el Hotel Campestre La Bendición y las sociedades Comercializadora Internacional Dora, Alquiservicios y La Bendición John Jairo Torres S.A.S.
De acuerdo con las investigaciones, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico y de la ejecución ilegal del proyecto de vivienda de interés social conocido como la ciudadela La Bendición. El proceso judicial contra el exalcalde se originó a partir de la denuncia presentada por Riveros Gaitán, quien había trabajado para “Jhon Calzones”.
La mujer informó a la Dijin que, entre el 16 de junio y el 7 de diciembre de 2014, el entonces alcalde registraba inconsistencias en los estados financieros de sus empresas, así como ingresos que no contaban con justificación aparente. Con base en esa información, la Fiscalía inició las investigaciones y logró identificar una serie de bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con recursos provenientes de dos actividades ilícitas. La denuncia presentada por la exfuncionaria fue el punto de partida que permitió a las autoridades rastrear el patrimonio de “Jhon Calzones” y de su entorno familiar.