Gobierno Petro vuelve a considerar una emergencia económica; reacciones políticas no se hacen esperar
Durante el consejo de ministros realizado este martes, el presidente Gustavo Petro afirmó que recurriría nuevamente a la declaratoria de emergencia económica en caso de que la Corte Constitucional no levante la suspensión de la medida actualmente en revisión. Mientras sectores afines al Gobierno califican la iniciativa como “indispensable”, voces de oposición cuestionan las críticas dirigidas al alto tribunal.
La posibilidad de un nuevo decreto de emergencia económica se mantiene latente en medio de la crisis climática ocasionada por el frente frío. Con varias señales sobre la eventual configuración de esta herramienta, el mandatario señaló que acudiría otra vez a ella si la Corte no accede a su solicitud de reactivar la declaratoria vigente.
“Si la Corte Constitucional, en ejercicio de su autonomía, decide no avalar nuestra petición, el efecto inmediato sería un recorte de COP 13 billones; menos recursos para los gobernadores. Sin embargo, contamos con un plan alternativo”, manifestó el jefe de Estado en la sesión ministerial.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por Germán Ávila, indicó que se implementarán medidas orientadas a recaudar alrededor de COP 8 billones, recursos que se destinarían a mitigar los efectos de las lluvias, particularmente en Córdoba. El gobernador de ese departamento, Erasmo Zuleta, participó en la reunión del gabinete.
En un comunicado, la cartera de Hacienda explicó que la determinación se adopta en un escenario fiscal complejo, tras el archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso sin que, según el Gobierno, se diera un debate de fondo. Esto, señala el documento, incrementó las presiones fiscales y redujo el margen de maniobra para responder con celeridad a la coyuntura económica. Asimismo, el Ministerio sostuvo que ante situaciones imprevisibles —como las inundaciones derivadas del frente frío— resulta nuevamente necesario declarar la emergencia económica para disponer de los recursos requeridos y atender a la población afectada.
La propuesta generó pronunciamientos desde distintos sectores políticos. En la oposición, Cambio Radical afirmó que la emergencia económica que hoy está suspendida fue concebida como un “mecanismo de financiamiento estructural” y ahora se presenta como una solución coyuntural. “Después dirán que los recursos se destinaron a la emergencia y quedará un vacío fiscal. ¿Es una estrategia o un pretexto?”, cuestionó la colectividad.
La aspirante presidencial Vicky Dávila sostuvo que la medida implicaría “asfixiar a empresas y ciudadanos con más cargas tributarias”, lo que, en su opinión, afectaría el crecimiento, elevaría el desempleo y desincentivaría la inversión. También calificó la propuesta como “populismo fiscal”.
Desde la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos), presidida por el gobernador Zuleta, se planteó como alternativa utilizar los saldos de regalías no ejecutados que administra la Nación para enfrentar la emergencia provocada por las lluvias. Según estimaciones, dichos recursos superarían los COP 6 billones, distribuidos principalmente entre los sectores de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (4,6 billones).
Zuleta señaló que los mandatarios regionales no se oponen a la declaratoria ni a la búsqueda de mecanismos para atender la crisis, pero enfatizó en la necesidad de concertación con las autoridades territoriales para definir una estrategia de recaudo eficaz, alineada con la propuesta del Gobierno nacional y respetuosa de la autonomía y los ya limitados ingresos departamentales.
En el bloque oficialista, varios congresistas respaldaron la eventual expedición de un nuevo decreto. La senadora Aída Avella consideró que se requiere que la Corte Constitucional levante la suspensión vigente, mientras que el senador Pedro Flórez afirmó que la medida es necesaria ante la gravedad de las inundaciones en la región Caribe. Según indicó, fortalecer la capacidad de respuesta estatal resulta fundamental para garantizar atención rápida y efectiva a las familias damnificadas.
El representante Alejandro Ocampo cuestionó a los congresistas que votaron en contra de la Ley de Financiamiento y defendió tanto esa iniciativa como la emergencia económica como instrumentos clave frente a una temporada invernal que calificó como sin precedentes. Por su parte, el senador Antonio Correa, del Partido de la U, sostuvo que sin el decreto el Estado queda limitado en su capacidad de acción y pidió a la Corte priorizar la situación de los territorios afectados.
Correa agregó que, sin la declaratoria, los trámites quedarían atrapados en procedimientos administrativos mientras persiste la emergencia. A su juicio, cuando existen riesgos para la vida, la Constitución exige actuar y no restringir al Ejecutivo. En ese sentido, defendió que el presidente ha respondido a una calamidad pública para proteger derechos fundamentales y advirtió que bloquear el decreto debilita la capacidad estatal en medio del desastre.
No obstante, dentro del propio Ejecutivo se considera poco probable que la Corte Constitucional levante la suspensión vigente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que un nuevo decreto podría cobijar a 22 departamentos impactados por el frente frío.