Cinco años después de la irrupción violenta en el Capitolio de Estados Unidos, la fecha del 6 de enero vuelve a ocupar el centro del debate nacional. Este martes, antiguos líderes de grupos de extrema derecha y otros participantes condenados por los hechos de 2021 regresan a Washington para encabezar una marcha que revive uno de los episodios más traumáticos de la democracia estadounidense reciente.
La movilización, convocada para recorrer el mismo trayecto que siguieron los manifestantes que irrumpieron en el Congreso, es promovida por figuras como Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, y Guy Reffitt, ambos sentenciados por delitos relacionados con el asalto y posteriormente beneficiados por los indultos masivos otorgados por Donald Trump tras su retorno a la presidencia en 2025, según informó CBS News.
Los organizadores han presentado el evento como una manifestación “patriótica y pacífica”. Tarrio afirmó en redes sociales que la convocatoria busca honrar la memoria de Ashli Babbitt, simpatizante de Trump que murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía del Capitolio cuando intentaba ingresar a oficinas del liderazgo demócrata durante los disturbios.
La carga simbólica es evidente. La marcha partirá desde el Ellipse, frente a la Casa Blanca, y culminará en el Capitolio, replicando el recorrido realizado el día en que el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden en 2021. Aquel trayecto estuvo precedido por un discurso de Trump en el que exhortó a sus seguidores a “luchar con fuerza”, un llamado que hoy vuelve a ser objeto de controversia.
Cinco años más tarde, muchos de quienes participaron en el asalto se encuentran nuevamente en libertad, luego de recibir indultos o conmutaciones de pena. Esta decisión presidencial ha reconfigurado el debate sobre responsabilidad política, justicia y memoria institucional en Estados Unidos.
La movilización coincidirá con una audiencia legislativa liderada por el congresista demócrata Bennie Thompson y exintegrantes del comité que investigó los hechos del 6 de enero. Dicho comité, que concluyó su labor en 2022, recomendó acciones penales contra Trump por su conducta antes y durante el asalto, aunque esos procesos federales fueron archivados tras su reelección en 2024.
Desde el Partido Demócrata, la coincidencia entre la marcha impulsada por excondenados y la audiencia en el Congreso evidencia una profunda división sobre cómo debe recordarse ese día. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que la audiencia analizará las amenazas persistentes contra los procesos electorales y los riesgos de seguridad derivados de los indultos concedidos a personas condenadas por hechos violentos.
Un análisis publicado por Politico sostiene que el 6 de enero no solo marcó el cierre del primer mandato de Trump, sino que influyó de manera decisiva en el segundo. Según el medio, el expresidente comprobó que desafiar los límites constitucionales no tuvo un costo político significativo y que, por el contrario, derivó en su regreso al poder y en una protección judicial reforzada. Para muchos de los participantes del asalto, la lección fue distinta pero igual de clara: la lealtad política podía traducirse en clemencia.
De acuerdo con Politico, Trump indultó a cerca de 1.500 personas condenadas por los hechos del Capitolio, incluidas varias que agredieron a agentes de policía. Jueces federales advirtieron que esta decisión podía interpretarse como una validación implícita de la violencia.
Las consecuencias de esos indultos van más allá del plano político. Una investigación de NPR reveló que, si bien muchos acusados no tenían antecedentes penales, decenas de los beneficiados sí contaban con historiales por delitos graves, como violencia doméstica, agresiones sexuales e incluso homicidio. Aunque los indultos no borraron esos antecedentes ni otros procesos judiciales en curso, sí permitieron que personas condenadas por ataques a la fuerza pública recuperaran su libertad en cuestión de días.
Uno de los casos más citados es el de Matthew Huttle, condenado por ingresar ilegalmente al Capitolio y con antecedentes de violencia doméstica, quien murió días después de recibir el indulto durante un control policial en Indiana. Otros indultados aún enfrentan cargos estatales o federales por delitos no cubiertos por la clemencia presidencial, desde posesión ilegal de armas hasta delitos sexuales, según NPR.
Trump ha defendido la decisión argumentando que revisar los casos individualmente habría sido impracticable y calificó como desproporcionadas muchas de las condenas impuestas por los tribunales.
Cinco años después, la discusión ya no se limita a los hechos del 6 de enero, sino a su legado. Mientras el presidente continúa describiendo el asalto como un “día de amor” y algunos de sus aliados intentan reinterpretar lo ocurrido, sectores del Congreso, el poder judicial y los medios advierten que el proceso de rendición de cuentas quedó inconcluso. Como señaló Politico, los indultos no solo cerraron causas judiciales: dejaron pendiente un debate nacional sobre los límites del poder, la violencia política y la memoria democrática.