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Millones de empleadores y trabajadores en Colombia enfrentan dudas sobre el futuro del salario mínimo tras la reciente decisión del Consejo de Estado. Este tribunal aceptó las impugnaciones contra el decreto emitido el año pasado por el presidente Gustavo Petro, que estableció un incremento del 23% en el salario mínimo.
Los cuestionamientos a este aumento se centran en la falta de una base técnica que respalde la decisión. La Ley 278 de 1996 fija parámetros específicos para calcular el ajuste salarial, incluyendo variables como la productividad, la inflación proyectada y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el Gobierno eligió utilizar el concepto de salario mínimo vital, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la remuneración necesaria para que un trabajador cubra sus necesidades básicas y las de su familia.
En un informe entregado al Ministerio de Trabajo, la OIT destacó que el salario mínimo para 2025 tiene una brecha del 28% en comparación con el salario mínimo vital. Basándose en esto, el Gobierno decidió que un incremento del 23% era razonable. Diego Garzón, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, explicó que un adulto debería consumir al menos 2,856 calorías al día, lo que equivale a un gasto mensual de COP 394,819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra asciende a COP 1,288,654.
Además de los costos asociados a la alimentacion, el costo de una vivienda digna se estima en COP 143,099 por persona, sumando COP 587,192 para una familia de cuatro. Incluyendo los servicios públicos, que rondan los COP 124,588, el total se eleva a COP 711,780. También se deben considerar gastos en salud, educación y otros esenciales, que por persona suman COP 154,606. Todo ello lleva a un salario mínimo vital total de COP 2,982,960 para un hogar de cuatro integrantes.
El Ministerio de Trabajo y las centrales obreras argumentan que este salario básico está por debajo del umbral mínimo establecido por la OIT. A pesar de las críticas sobre la falta de criterios establecidos en la Ley 278, el Gobierno se defiende citando el artículo 53 de la Constitución como fundamento para su elección del salario mínimo vital.
En el corto plazo, el Gobierno deberá presentar un nuevo documento con una cifra que cumpla con los parámetros legales, según lo ordenado por el Consejo de Estado. El ministro de Trabajo aseguró que se defenderá el aumento del 23%. Existe la posibilidad de que el nuevo incremento supere ese porcentaje; algunos estiman un 25%, dados los datos actuales.
Sin embargo, es posible que el Gobierno decida seguir lo dictado por la Ley 278 de 1996, presentando un ajuste más conservador entre el 7% y el 10%, tomando en cuenta la inflación y la productividad. La cifra que se publique en los próximos días será provisional, ya que el alto tribunal evaluará si la sustentación del 23% es válida. En cualquier caso, el futuro del salario mínimo en Colombia sigue en suspenso.
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