La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de paz, Otty Patiño, se encontraron el jueves 26 de marzo para abordar la posibilidad de mantener suspensiones o reactivar las órdenes de captura contra algunos negociadores de paz de grupos armados. El encuentro resultó en la elaboración de un nuevo plan de verificación.
Durante la reunión, se presentó una metodología de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la suspensión de órdenes de captura, basándose en la Ley 2272 de 2022 y en lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. Esta revisión se llevará a cabo de manera periódica, considerando los acontecimientos que surjan y colaborando con instituciones pertinentes.
Como parte de este nuevo enfoque, las autoridades anunciaron que se revisará el caso de Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba. Él es representante del autodenominado Estado Mayor de los bloques y frentes de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.
La decisión de establecer este plan llega después de que la fiscal general advirtiera que, si el gobierno no reactiva las órdenes de captura contra Calarcá, la Fiscalía tomaría la iniciativa. Camargo mencionó en una entrevista a Blu Radio que esta acción se fundamenta en la falta de voluntad de Calarcá para colaborar en las negociaciones de paz y en presuntas conductas delictivas.
En la misma intervención, Camargo afirmó que Calarcá podría haber estado involucrado en delitos contra defensores de derechos humanos. Aseguró que las pruebas de dichas acusaciones se encuentran en los computadores hallados durante la controvertida operación en la que fue capturado, así como en otros incidentes relacionados con el EMBF en Anorí, Antioquía.
La reactivación de las ordenes de captura sigue siendo un punto crítico en el proceso de paz. El nuevo plan de verificación tiene el potencial de influir en la dirección de las negociaciones y en la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en el país. Se espera que las próximas semanas sean determinantes para el futuro de estos diálogos y la eficacia en la lucha contra grupos armados en Colombia.
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