La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana que abarca cinco municipios del departamento del Huila debido a la creciente presencia de la disidencia de las Farc, conocida como Estado Mayor Central (EMC), liderada por alias “Iván Mordisco”. La entidad informa sobre graves riesgos relacionados con homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad.
Los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel están bajo amenaza directa, según la Defensoría. El informe, dirigido por Iris Marín Ortiz, destaca el peligro de violaciones a los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario (DIH). La alerta advierte sobre “graves consecuencias humanitarias” derivadas de la expansión de estos grupos armados en la región.
El EMC se ha hecho con el control de importantes corredores estratégicos en la cordillera Central, lo que facilita el tráfico de armas y suministros. Durante 2025, se documentaron al menos seis asesinatos “ejemplarizantes” atribuidos a estas disidencias, justificando sus acciones como represalias por el supuesto incumplimiento de sus normas.
Las extorsiones contra productores locales, como caficultores y ganaderos, han aumentado. Se ha informado que estos grupos criminales convocan a sus víctimas a zonas rurales para obligarlos a acordar pagos bajo amenaza. La Defensoría indica que estos sometimientos son impuestos a través de “manuales de convivencia”, que incluyen horarios de movilidad y restricciones para personas ajenas a la comunidad.
La Defensoría advirtió sobre la coacción de líderes comunitarios que son obligados a transmitir órdenes del grupo armado, lo que genera estigmatización y riesgos tanto de ataques por parte de los disidentes como por parte de las fuerzas del orden. Se han documentado graves infracciones al DIH, incluyendo el uso de civiles como escudos humanos durante enfrentamientos.
Se ha constatado que las disidencias ocupan escuelas, poniendo en peligro a estudiantes y docentes. La alerta menciona la posibilidad del uso de drones con explosivos, además de problemas en la gestión de cuerpos de personas fallecidas en combates. Los menores de edad son particularmente vulnerables, enfrentando reclutamiento forzado a través de engaños y promesas de regalos.
Ante esta preocupante situación, la Defensoría ha pedido una respuesta inmediata de las autoridades y ha propuesto 19 recomendaciones para que las entidades del orden nacional y regional actúen rápidamente. Estas medidas deben enfocarse en disuadir la amenaza, prevenir el reclutamiento de menores y proteger a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Finalmente, el llamado es claro: las autoridades deben implementar estas recomendaciones con un enfoque en la seguridad humana, asegurando que se atiendan los riesgos mientras se garantizan los derechos de la población en el Huila. La situación exige una atención urgente y coordinada para evitar un daño humanitario mayor en las comunidades afectadas.
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