La controversia entre el Gobierno Nacional y varios gobernadores agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND) por la implementación de impuestos en el marco de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones y tomó un nuevo giro en los últimos días.
Inicialmente, la FND había anunciado por unanimidad que los mandatarios no aceptarían la aplicación de nuevos tributos sobre tabaco y bebidas alcohólicas. Sin embargo, dos gobernadores cambiaron su postura después de la reunión celebrada el 15 de enero.
Uno de ellos es Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, quien había apoyado la carta de rechazo al decreto de emergencia económica del 29 de diciembre, sumándose a 16 colegas. No obstante, ante las tensiones con la Casa de Nariño, Patiño retiró su firma.
En sus declaraciones, aseguró que “el Gobierno de Risaralda respeta el ordenamiento jurídico colombiano y aplicará las normas definidas en la Emergencia Económica expedida por el gobierno nacional”, aunque indicó que seguirá acompañando los procesos legales impulsados por la FND, considerando que la medida podría afectar los ingresos de su región.
De manera paralela, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, quien históricamente ha mantenido cercanía con el gobierno Petro, criticó la postura adoptada por algunos de sus colegas, pero destacó la importancia del diálogo. Invitó a los 31 mandatarios restantes a participar en la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda para el próximo lunes.
Amaya señaló que “aumentar los impuestos a tabaco y licores afecta directamente la capacidad de los territorios para atender a las y los colombianos, especialmente en regiones apartadas”. Aunque apoyará las acciones legales de la FND en torno a la emergencia económica, decidió desvincularse del último pronunciamiento conjunto.
Por su parte, gobernadores como María Margarita Guerra (Magdalena), César Zorro (Casanare) y Renson Martínez (Arauca) no se han manifestado sobre esta controversia. Mientras tanto, Jorge Emilio Rey (Cundinamarca), sin referirse directamente al conflicto, enfatizó los efectos del contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas, que generan pérdidas superiores a COP 80.000 millones en su departamento.
Desde el Gobierno, la Casa de Nariño ha reiterado la invitación al diálogo para hallar soluciones a la controversia. Según cifras oficiales, los impuestos incluidos en la emergencia económica podrían generar aproximadamente COP 8 billones durante 2026.
Apoyo a los territorios
La disputa también ha movilizado a otros sectores a respaldar a los gobernadores. Desde la arena política, Mauricio Lizcano sostuvo que “el decreto de emergencia económica es un golpe directo al bolsillo de los departamentos. Trasladar el recaudo del impuesto al consumo al nivel central representa un retroceso centralista que asfixia regiones como Caldas, Valle y Antioquia”.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) solicitó un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el decreto, posición que también fue respaldada por Claudia López.