Nuevos Ajustes Fiscales ante Emergencia Climática
El Gobierno anunció este martes por la noche una serie de ajustes fiscales destinados a recaudar aproximadamente COP 8 billones con el objetivo de enfrentar la crisis provocada por las lluvias. Esta medida busca proteger a los departamentos más afectados, que incluyen Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Declaración de Estado de Emergencia Económica
La emergencia económica fue declarada mediante el decreto 0150, donde el Ejecutivo enfatiza que la situación causada por las inundaciones requiere recursos y decisiones urgentes. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han reportado aproximadamente 131 emergencias que han dejado más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos. Asimismo, el decreto indica que alrededor de 87.054 hectáreas han sido afectadas por las inundaciones.
Modificaciones a Impuestos
Entre las medidas más destacadas se encuentra la modificación del impuesto al patrimonio, que impondrá una tarifa general del 0,5 % a las personas jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalente a cerca de COP 10.474 millones. Para las empresas del sector financiero y minero-energético, la tarifa será más alta, alcanzando el 1,6 %. Este impuesto podrá pagarse en dos cuotas en 2026.
El Gobierno justifica estas nuevas tarifas argumentando que las empresas con mayores patrimonios tienen la capacidad de contribuir al financiamiento de la emergencia, a diferencia de aquellas con menores niveles patrimoniales. Sin embargo, profesionales como Brandon Espinel, profesor de la U. del Rosario, critican que estas modificaciones pueden perjudicar a las empresas por penalizar la posesión de activos.
Medidas de Alivio para Productores Afectados
Por otra parte, el decreto 0175 implementa medidas para facilitar el acceso urgente al crédito y aliviar las obligaciones financieras de los productores rurales y campesinos afectados. Se crearán mecanismos de refinanciación de deudas, priorizando a mujeres, desplazados y excombatientes.
El Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA) ofrecerá apoyo a pequeños productores de bajos ingresos, hasta un límite de COP 12 millones, para cubrir abonos a capital o intereses de créditos agropecuarios. Además, se establece un Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria para ayudar a pequeños productores que han sufrido pérdidas debido a las inundaciones.
Facultades Especiales y Reubicación de Unidades de Producción
Un nuevo decreto otorga al Gobierno la facultad de declarar de utilidad pública la adquisición de terrenos y unidades de producción agrícola afectadas por las lluvias. Esto permitirá facilitar la dotación de tierras a campesinos y ejecutar la infraestructura agrícola necesaria para mitigar el impacto de esta emergencia.
El sector agrícola se ha visto particularmente golpeado; hasta el 6 de febrero, se contaban cerca de 19.800 hectáreas productivas dañadas y aproximadamente 450.000 animales de producción comprometidos. El decreto también asegura que cualquier trámite relacionado con la emergencia será accesible y procesado en un plazo máximo de un día hábil.
Contexto Económico y Presión Financiera
Este nuevo estado de emergencia económica se presenta en un contexto complicado para las finanzas públicas del país. El presupuesto general de 2026 presenta un faltante estimado de COP 16 billones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido sobre un incremento significativo en el déficit fiscal debido al aumento del salario mínimo y la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta.
La figura de emergencia económica, prevista en la Constitución, permite al presidente emitir decretos de ley en situaciones extraordinarias, aunque estos deben ser revisados por la Corte Constitucional para asegurar su legalidad. En diciembre pasado, el Gobierno también había declarado una emergencia económica con la intención de recaudar fondos para mitigar el déficit presupuestal, aunque esta fue suspensa temporalmente por el alto tribunal.