A la controversia se agregan también los reclamos por demoras en los pagos a contratistas del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ciencias y otras entidades del nivel central. Esto es lo que se conoce.
Continúan los cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro por las cuantiosas contrataciones que se realizaron antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías electorales. A las críticas provenientes de sectores de oposición se sumó este jueves un nuevo reporte, esta vez emitido por la Contraloría, que pone en revisión la administración de los recursos públicos.
El organismo de control indicó que durante enero, y antes de que entrara en vigor la restricción, se registró “un alto número de contratos por un valor de COP 32,88 billones”. El documento precisa que solo en la última semana de ese mes se comprometió el 45 % del total de esos recursos.
Según el informe, en enero se firmaron 521.269 contratos mediante la modalidad de contratación directa. “El nivel territorial concentró la mayor parte, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el nivel nacional reportó 164.813 contratos por $14,87 billones; y las corporaciones autónomas suscribieron 7.961 contratos por $0,3 billones”, explicó la entidad.
También sobresale que las órdenes de prestación de servicios (OPS) en el ámbito nacional aumentaron en 56.842 contratos y en COP 6,03 billones frente al mismo periodo de 2022. En total, se alcanzaron 164.813 contratos por COP 14,87 billones en 2026, mientras que en 2022 habían sido 107.971 contratos con un costo de COP 8,84 billones.
A esto se suma un informe reciente de Colombia Compra Eficiente (CCE), que detalló cuáles entidades más contrataron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y recopiló las ciudades que destinaron mayores montos a vinculaciones. Según su director, Cristóbal Padilla Tejada, en enero se comprometieron COP 37 billones en total, cifra que incluso supera la estimada por la Contraloría.
El reporte señala que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) fue la entidad con mayor número de vinculaciones. La institución dirigida por Jorge Londoño Ulloa, cercano a la Alianza Verde, suscribió 37.626 contratos por un total de COP 1,7 billones. Le siguieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encabezado por Astrid Cáceres, con 15.627 contratos por COP 1,2 billones; la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, con 3.123 contratos que sumaron COP 508 mil millones; y el Ministerio de Educación, dirigido por Daniel Rojas, con 966 contratos por COP 442 mil millones.
En el ámbito departamental y municipal, varias capitales también quedaron bajo observación. El informe determinó que Barranquilla, bajo la administración de Alex Char, fue la ciudad con más contratos celebrados: 6.947 por COP 1,3 billones. Le siguieron Bogotá, con Carlos Fernando Galán, con 20.763 contratos por COP 1,2 billones; Medellín, administrada por Federico Gutiérrez, con 1.277 contratos por COP 894 mil millones; Cali, bajo Alejandro Eder, con 10.899 contratos por COP 736 mil millones; y Cartagena, dirigida por Dumek Turbay, con 6.198 contratos por COP 431 mil millones.
Retrasos en los pagos a contratistas
La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, informó este jueves que, tras varias consultas en distintas entidades, detectó que hay contratistas que, ya entrado febrero, aún no han recibido el pago correspondiente a diciembre. “Mientras el Gobierno promueve el discurso de los derechos laborales, en la práctica deja a las personas sin salario”, afirmó la congresista.
De acuerdo con los datos recopilados por Lozano, las entidades con más casos reportados son el Ministerio del Interior, con 1.410 cuentas pendientes; el Departamento Nacional de Planeación, con 790 contratistas sin pago; el Ministerio de Ciencias, con 69 casos; y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), con 54.
En las respuestas oficiales, algunas entidades atribuyen los retrasos a la falta de giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que otras sostienen que se trata de una situación “habitual”. La senadora cuestionó esas explicaciones y señaló que es necesario que el Congreso apruebe una especie de ley de garantías enfocada en proteger a los contratistas.