Édgar Hoyos Díaz, miembro del partido Nuevo Liberalismo y médico cirujano, fue víctima de un ataque armado en su consultorio en Supía. El incidente ocurrió el 1 de agosto, cuando un sicario ingresó al lugar y le disparó, causándole tres heridas en la cabeza. Tras el ataque, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial local y luego a Manizales, donde se encuentra en condiciones estables y fue intubado para su atención.
Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo, denunció el ataque a través de su cuenta de X, calificándolo como “vil y cobarde”. Galán exigió a las autoridades que se tomen acciones inmediatas para esclarecer el crimen, capturar a los responsables y evitar que el hecho quede impune. El dirigente instó a la Fiscalía y a la Policía a actuar con contundencia ante la gravedad de este asunto.
Imágenes de cámaras de seguridad muestran al agresor ingresando al consultorio sin quitarse el casco. Después de realizar los disparos, el sicario huyó en una motocicleta hacia un destino desconocido. Hasta el momento, la Policía de Caldas no ha atribuido el ataque a ningún grupo específico, ni se han realizado capturas relacionadas con el caso. Además, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la policía el lunes 3 de agosto.
Este incidente es parte de un panorama más amplio de violencia en Colombia, donde ataques dirigidos a figuras políticas y sociales han ido en aumento en los últimos años. La situación actual genera preocupación entre líderes de diversos sectores, que deben enfrentar amenazas constantes por su labor.
Las autoridades están llevando a cabo la investigación correspondiente para dar con el paradero del atacante y determinar las motivaciones detrás del atentado. La comunidad de Supía y sectores afines al Nuevo Liberalismo han mostrado solidaridad hacia Hoyos Díaz y su familia, mientras que la inquietud persiste ante la falta de seguridad para figuras públicas en el país.
Así, el caso de Édgar Hoyos Díaz se suma a la lista de agresiones que han sido denunciadas por políticos y líderes sociales, evidenciando la necesidad urgente de respuestas efectivas y protección para quienes se dedican al servicio público en Colombia.
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