Caso Ungrd: Consejo de Estado admite demanda que busca retirar la investidura a nueve congresistas implicados

El Consejo de Estado dio trámite a una demanda que pretende la pérdida de investidura —conocida como “muerte política”— de nueve congresistas, entre ellos cinco senadores y cuatro representantes a la Cámara, señalados de estar vinculados al entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión se conoció en la mañana de este lunes 2 de febrero y representa un nuevo episodio en el escándalo que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro, considerado uno de los casos de corrupción más graves de su administración. Varios de los parlamentarios involucrados integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia que habría jugado un papel clave dentro del presunto desfalco a la entidad.

La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo Bustos, quien solicitó al alto tribunal que declare la pérdida de investidura de los senadores Martha Peralta (Pacto Histórico), Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal). También están incluidos los representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique, quien ocupa una curul de paz.

Según el demandante, los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias y en violación al régimen de incompatibilidades, al supuestamente intervenir en la gestión de coimas, contratos y nombramientos, con el objetivo de facilitar la aprobación de iniciativas estratégicas del Ejecutivo en el Congreso. Entre estas figuran las operaciones de crédito público, relacionadas con los procesos judiciales que hoy mantienen privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior.

Bustos, quien actúa como representante legal de algunas víctimas wayúu de La Guajira dentro del proceso penal por el desfalco a la Ungrd, sustentó su demanda en los testimonios entregados a la justicia por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector. Ambos exfuncionarios comenzaron a revelar detalles del entramado tras sus negociaciones con la Fiscalía, mediante preacuerdos y principios de oportunidad.

Aunque varios de los señalados ya son objeto de indagaciones por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el proceso que ahora cursa en el Consejo de Estado tiene una naturaleza distinta, pues apunta directamente a la pérdida de la investidura parlamentaria.

Cabe recordar que la demanda había sido inadmitida el pasado 26 de enero, pero el alto tribunal permitió su corrección. Tras cumplir con los ajustes solicitados, el abogado Bustos logró que, en una segunda revisión, el recurso fuera aceptado formalmente.

A partir de esta admisión, los congresistas involucrados tendrán un plazo de cinco días para pronunciarse y responder por escrito ante el Consejo de Estado frente a los señalamientos contenidos en la demanda, mientras avanzan de manera paralela —aunque con menor celeridad— las investigaciones que adelanta la Corte Suprema en su contra.