El proceso penal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, continúa avanzando en etapa preparatoria de juicio. La exfuncionaria enfrenta cargos por presunto lavado de activos y tráfico de influencias dentro del escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta semana, una jueza con función de control de garantías en Bogotá negó una solicitud clave de la defensa, que pretendía acceder a información financiera del exsenador liberal Pedro Castro, mencionado en el expediente como presunto prestamista de recursos vinculados al caso.
Intento de preclusión y estrategia de defensa
El abogado Mauricio Camacho, defensor de Ortiz, solicitó inicialmente la preclusión parcial del proceso en lo referente al delito de tráfico de influencias. Argumentó que durante el trámite judicial se han producido múltiples modificaciones en la formulación de ese cargo y que no existirían pruebas sólidas que respalden la acusación.
Por su parte, la fiscal María Cristina Patiño sostuvo que el material probatorio recaudado es suficiente para sustentar tanto la imputación como la acusación formal.
Posteriormente, la defensa pidió una audiencia reservada para obtener acceso a los movimientos financieros del exsenador Castro. Según versiones incorporadas al proceso, los 4.000 millones de pesos que habrían sido utilizados para sobornar a los entonces presidentes del Congreso —Iván Name y Andrés Calle— no habrían provenido de recursos de la UNGRD, sino de un supuesto préstamo otorgado en 2023 al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado por estos hechos.
De acuerdo con el expediente, el presunto préstamo habría sido pactado con un interés mensual del 2,3 % y se habría concretado entre el 11 y el 13 de octubre de 2023, fechas en las que la Fiscalía sitúa la supuesta entrega del dinero en efectivo a los entonces congresistas.
Decisión judicial y próximos pasos
La jueza negó la petición de acceso a la información financiera al considerar que no se cumplían los requisitos legales para autorizar esa diligencia en esta etapa procesal. No obstante, la decisión puede ser objeto de recurso y eventualmente revisada por una instancia superior.
Mientras tanto, Ortiz permanece recluida en una guarnición policial en Bogotá, a la espera de que se defina su paso a juicio en uno de los expedientes más relevantes del escándalo de corrupción que compromete a exfuncionarios y excongresistas en el caso UNGRD.