Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno de Gustavo Petro, continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una jueza de Bogotá determinó que no se han vencido los términos legales para conceder su libertad.
La decisión fue adoptada este martes por la jueza 79 de control de garantías de Bogotá, quien negó por segunda ocasión la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de la exfuncionaria. Ortiz permanecerá recluida de manera preventiva en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de la capital.
De acuerdo con la jueza, no se cumplen los requisitos legales para aplicar esta causal de libertad, pese a que el proceso supera los 240 días desde la acusación formal, realizada el 24 de enero de 2025. Según el despacho judicial, la mayoría de las demoras han sido provocadas por solicitudes de aplazamiento hechas por la propia defensa.
La funcionaria judicial explicó que, de los días que Ortiz lleva privada de la libertad, alrededor de 170 corresponden a retrasos atribuibles a la estrategia defensiva, lo que impide contabilizar ese tiempo como vencimiento de términos imputable al Estado.
Esta no es la primera vez que la justicia rechaza una solicitud de libertad a favor de Sandra Ortiz. El 31 de diciembre de 2025, el mismo despacho judicial negó una petición similar, al considerar que aún no se cumplía el plazo máximo previsto por la ley tras la acusación formal.
En esa ocasión, la jueza precisó que apenas habían transcurrido 158 días efectivos, lejos de los 240 requeridos para que procediera la libertad por vencimiento de términos. Pese a ello, la defensa insistió semanas después con una nueva solicitud, que volvió a ser rechazada.
Además, en octubre de 2025, Ortiz había solicitado la libertad condicional para revocar la medida de aseguramiento impuesta en diciembre de 2024. Esa petición también fue negada por un juez de Bogotá, quien consideró que la exconsejera representaba un riesgo para la comunidad y podía interferir en el proceso penal.
Sandra Ortiz fue la primera funcionaria cercana al presidente Petro en ser enviada a prisión por el entramado de corrupción en la Ungrd, considerado uno de los escándalos más graves del actual gobierno. Posteriormente, el caso salpicó a otros altos exfuncionarios, incluidos los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior).
La Fiscalía investiga a Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, la exconsejera habría actuado como intermediaria para entregar sobornos millonarios a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de facilitar la aprobación de reformas del Gobierno en el Congreso.
De acuerdo con la investigación, el 12 de octubre de 2023 Ortiz habría recibido una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo de manos de exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en un apartamento del centro de Bogotá. Posteriormente, habría transportado el dinero en un vehículo oficial para entregarlo al entonces presidente del Senado.
La Fiscalía sostiene que al día siguiente se habría repetido la operación, con una segunda entrega por el mismo monto, y que Ortiz era consciente de que los recursos provenían de la Ungrd y estaban destinados al pago de coimas relacionadas con la compra de 40 carrotanques para La Guajira.
Aunque la exconsejera ha intentado negociar con la justicia, hasta ahora no ha obtenido beneficios. En abril de 2025, la Fiscalía descartó concederle un principio de oportunidad, al considerar que la información entregada fue insuficiente, y dejó abierta únicamente la posibilidad de un preacuerdo.
Tras la más reciente decisión judicial, el abogado defensor de Ortiz, Mauricio Camacho, anunció que presentarán un recurso de habeas corpus en un nuevo intento por obtener su libertad.
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